Susana Oviedo
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Una situación atípica que contrasta con la imagen de transparencia que pregona el canciller nacional, Eladio Loizaga, se produjo en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) desde que el funcionario Enrique Ramírez, de reconocida trayectoria por su capacidad de coordinar la organización de eventos –como la transmisión de mando presidencial, la 44 Asamblea General de la OEA en el país, la Cumbre del Mercosur, la visita del papa Francisco o la Asamblea del BID–, el año pasado, asumió la Secretaría General del Sindicato de Funcionarios y Empleados de la institución, y con su directiva empezaron a solicitar información sobre el funcionamiento de la Cancillería. Echando mano a la Ley 5282/14 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”, solicitaron que se hagan públicas las resoluciones firmadas por el ministro, el monto de las asignaciones para mantenimiento de las representaciones diplomáticas y la lista de los diplomáticos escalafonados, entre otros datos. Algunas de las notas ni le fueron respondidas a tiempo, otras solo parcialmente. Ante esa situación, recurrieron a la Justicia, donde una jueza no hizo lugar al amparo y luego un tribunal de apelación declaró desierta la acción. En esta entrevista, Enrique Ramírez explica las motivaciones del Sindicato y detalles del funcionamiento del MRE.
–¿Por qué el Sindicato comenzó a solicitar una serie de informaciones al canciller Eladio Loizaga, incluyendo todas las resoluciones por las que adoptan las decisiones en el ministerio?
–Porque se precisa información sobre el manejo del ministerio para poder hacer propuestas y mejorar una serie de situaciones vinculadas con el funcionariado, que no están resueltas hasta hoy. El MRE tiene aproximadamente 1.250 funcionarios. De ellos, 350 integran el escalafón diplomático (28%); 530 son funcionarios permanentes no escalafonados, 370 contratados, tanto en el servicio local como en el exterior, y 70 más integran un escalafón administrativo. Hay gente que está hace 30 años en la institución y gana sueldo mínimo. En la institución hay una inequidad muy grande. Cuando el año pasado asumimos la directiva del Sindicato, nos comprometimos a no seguir siendo una organización obsecuente y funcional a las autoridades de turno. En Cancillería hay funcionarios de primera clase, que son los escalafonados; los de segunda clase, son los no escalafonados, y los de tercera clase son los contratados. De estos últimos, nadie se acuerda.
–¿Cuál ha sido la reacción del canciller hacia los reclamos que están realizando?
–Bueno, inicialmente me preguntó para qué queríamos las resoluciones. Yo le había explicado que se trata de documentos públicos, y que como gremio precisábamos hacer propuestas, aportar para mejorar las condiciones laborales de nuestros asociados, y que para eso precisamos saber qué es lo que está pasando en el ministerio y cómo se adoptan las decisiones. Es decir, necesitamos acceder a la información, para ver dónde se pueden optimizar los recursos y modificar cuestiones injustas o que están mal. Ante la consulta de ¿cómo se conocen las decisiones que se toman en la institución?, pues a través de las resoluciones. Estas son al ministerio lo que los decretos a la Presidencia de la República, las que, por cierto, se publican y tienen carácter público para toda la ciudadanía.
–¿Qué quieren averiguar?
–Por ejemplo, ¿cómo es que los gastos de operación y mantenimiento de las embajadas se deciden discrecionalmente? ¿Saben, por ejemplo, que la Embajada paraguaya en Venezuela recibe en ese concepto 8.000 dólares al mes? Hoy en día ese monto es una fortuna en Venezuela. Allí actualmente tenemos solo dos funcionarios, porque habíamos llamado a consultas al embajador. Sé que también hay contratados tres guardias para cubrir la representación y al encargado de negocios. Aún así, es mucho dinero 8.000 dólares al mes.
En el presupuesto de la Cancillería figura el monto general destinado a este rubro, pero cómo se discrimina luego por representación ya es absolutamente discrecional. Por otro lado, hay funcionarios que en el 2017 cobraron más dinero en viático, que su propio salario. Queremos saber si esos viajes que realizaron realmente se justificaban.
–¿De qué otras informaciones se está privando a los ciudadanos?
–En noviembre, por ejemplo, se realizó una reunión en Panamá de cónsules paraguayos y de países de América Central. Allí hubo más funcionarios que fueron de acá, que cónsules participantes. Anteriormente se hizo lo mismo, con los cónsules paraguayos en Europa. El encuentro fue en Barcelona, y ocurrió lo mismo. Fueron más funcionarios que fueron de acá, que cónsules participando. Incluso, en esa reunión, el canciller participó vía Skype. Entonces uno dice: ¿Por qué en lugar de gastar dinero del Estado en una frondosa delegación, no se realizó el diálogo con las autoridades de la Cancillería vía Skype?
–¿Por qué entre las informaciones que pidieron figura el Fondo de Ayuda Social que se entrega a ciertos consulados para atender situaciones de urgencia de los connacionales?
–Ese también es un problema. Es un fondo que se creó para ayudar a compatriotas que tienen problemas estando en el extranjero. El problema es que hay muchos comentarios respecto al uso que se le da a ese dinero. No sabemos si ya está reglamentado cómo debe emplearse ese fondo.
–Algunos diplomáticos dicen que lo que ustedes buscan es ingresar por la ventana al escalafón diplomático...
–Entrar por la ventana es un decir, puesto que el 76% de los escalafonados diplomáticos lo hicieron así. 117 lo hicieron por orden judicial, y 114, incluyendo a los que entraron el año pasado, ingresaron por concurso. Hoy tenemos más funcionarios que entraron por sentencia judicial que los que ingresaron por concurso. El resto lo hizo por vía administrativa y los que entraron directamente por recomendación política.
–De los 530 funcionarios no escalafonados, supongo que no todos quieren ser diplomáticos...
–Claro. Nosotros proponemos en un proyecto de ley de modificación de la actual Ley 1335 (Del Servicio Diplomático y Consular) jerarquizarlos, y que existan por ley dos escalafones: uno, administrativo; otro, diplomático, y que los primeros también presten servicios en el exterior. Entonces, por cada dos asignaciones para afuera del país, vaya un administrativo. Hay un escalafón administrativo establecido por decreto del año 2001 y ahora es la primera vez que se está haciendo un llamado a concurso, después de 17 años. Son solo 70 los que ingresaron originalmente a ese escalafón. La nueva ley se titularía: “Del servicio diplomático, consular, administrativo y técnico”.
–¿Cuál sería el mecanismo para el ingreso a los dos escalafones?
–Que los que tienen diez años de antigüedad como mínimo deben integrar o el escalafón diplomático o el administrativo, según determinación de una sola Junta de Calificaciones y conforme con el perfil de cada funcionario.