Durante todo el debate generado por el veto que Horacio Cartes interpuso al proyecto de ley de presupuesto general de gastos de la nación 2017, no discutí el tema de su constitucionalidad considerando que el tema económico central de la acción presidencial es favorecer los negocios de los socios del presidente con privilegios.
No lo hice porque ese debate implica presentar una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 1535/99 “de Administración Financiera del Estado”, cosa que nadie quiere llevar adelante y porque desvía la atención del tema central que es que Cartes gobierna lograr privilegios para sus socios.
Pero el veto del presupuesto tiene gravísimas consecuencias constitucionales que superan ampliamente la ya seria cuestión administrativa y que alcanza al mismísimo equilibrio de poderes que Cartes viene destruyendo sin tregua desde el 15 de agosto de 2013.
Las mentiras que usó como excusa para vetar el presupuesto ya han sido puestas en evidencia con las confesiones de Santiago Peña sobre, por ejemplo, los aumentos salariales que arguyeron para justificar el veto se darán en marzo por iniciativa del mismo cartismo que los había calificado de amenaza a la macroeconomía (http://bit.ly/2iAldir).
También quedó confirmada la razón real del veto, y es que Santiago Peña, en realidad Cartes, quiere endeudar al pueblo paraguayo sin permiso de los representantes del pueblo, violando el artículo 202 de nuestra Constitución (http://bit.ly/2iiypuD).
Esto significa lisa y llanamente “puentear” al Congreso, dejarlo de lado, convertirlo en un adorno, exactamente como lo hizo hace poco Nicolás Maduro en Venezuela con el soporte de una Corte Suprema de Justicia políticamente complaciente y totalmente sometida (http://bit.ly/2hIqLp).
Cartes cuenta con cinco de los nueve ministros de nuestra Corte Suprema.
Sacar al Congreso del camino es el objetivo constitucional de Cartes y su grupo, como también se encarga de confirmar periódicamente el mismo Santiago Peña y los asesores pinochetistas que merodean por Mburuvicha Róga con siniestra recurrencia (http://bit.ly/29S1aLK).
El cartismo lo propone como reforma constitucional, para restaurar “de derecho” su admirado régimen stronista, que es como se conoce convencionalmente al régimen autoritario diseñado, inaugurado e implementado por el general José Félix Estigarribia entre el 18 febrero y el 10 de julio de 1940.
Pero como la reforma constitucional lleva tiempo, Cartes está logrando con el veto al presupuesto el mismo resultado práctico, dejar de lado al Congreso: Santiago Peña ya anunció que nos endeudarán sin nuestro consentimiento por cientos de millones de dólares y cuando ese atropello constitucional se realice, Cartes irá como Nicolás Maduro a una Corte que domina para legitimar por vía judicial la destrucción del equilibrio de poderes.
Para desgracia de Cartes, su propio ministro de Relaciones Exteriores ha definido correctamente que Maduro encabeza una dictadura que oprime a Venezuela, dictadura porque en el país caribeño el Ejecutivo rompió el equilibrio de poderes reduciendo al Congreso a un mero adorno, exactamente como quiere Cartes en nuestro país.
