En ningún otro momento de la historia reciente de este país pasó lo que está pasando ahora: que cinco ciudadanos paraguayos estén secuestrados en forma simultánea, en poder de bandas armadas criminales y que el Gobierno no demuestre gran interés ni tampoco haga mucho esfuerzo por lograr su liberación.
Ni siquiera entre los años 2003 y 2008, cuando tres grandes bandas de secuestradores operaban en el país –además del grupo armado EPP, la del argentino Cristian Carro Córdoba y la del brasileño Valdecir Pinheiro–, y por separado habían llevado a cabo más de 20 secuestros extorsivos, se registraron casos de tanta cantidad de personas secuestradas al mismo tiempo.
El policía Edelio Morínigo cumple hoy 869 días (casi dos años y medio) retenido ilegalmente en poder del grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). El colono menonita Abraham Fehr lleva 470 días y el joven Franz Wiebe lleva 116 también en manos del EPP. El ganadero Félix Urbieta cumple 39 días, presumiblemente también en poder del EPP, o de otro grupo armado que se habría desprendido de este.
A esta situación de los cuatro secuestrados en la región Norte, se suma ahora uno nuevo en la región Sur: el del productor ganadero de ascendencia brasileña Martín Hartmann Berwanger, quien fue capturado en su establecimiento de Alto Verá, Itapúa, en la tarde del jueves último.
Aunque todavía se desconocen detalles de este último caso, el propio fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, afirmó sus sospechas de que Hartmann también haya sido secuestrado por el EPP. Si la hipótesis se confirma, implicaría un sorpresivo crecimiento y expansión territorial del grupo armado a la zona de Itapúa, al otro extremo del territorio de San Pedro y Concepción, donde hasta ahora ha concentrado sus acciones, por más que en sus orígenes también realizó secuestros en Asunción y Fernando de la Mora (María Edith de Debernardi en el 2001 y Cecilia Cubas en el 2004).
Si no se trata del EPP, plantea igual otro escenario preocupante: la aparición de una nueva banda de secuestradores profesionales, algo que no estaba ocurriendo en el Paraguay en los últimos años.
En cualquiera de los dos casos, implica un grave desafío aun mayor para el Gobierno, a través de sus organismos de seguridad, la Policía y la Fuerza de Tarea Conjunta (con la parte de responsabilidad que también alcanza a la Fiscalía, a la Justicia y al Congreso), que en estos tres años –a pesar de la gran inversión de dinero público para la lucha antiguerrillera– no ha logrado vencer al EPP, ni liberar a las personas secuestradas, y para más ahora sufre la expansión de la inseguridad ciudadana a una nueva zona que hasta el momento era considerada un modelo de productividad y estabilidad para inversiones de negocios.
Es decir, junto a estos cinco compatriotas, el país también está secuestrado.
