Saca, que se encontraba recluido desde la madrugada del domingo en los calabozos de la División Antinarcoticos (DAN) de la Policía, fue trasladado este martes hacia el Centro Judicial Isidro Menéndez de la capital, bajo un fuerte dispositivo de seguridad.
La acusación fue presentada ante el Tribunal Cuarto de Paz, que debe decidir si el exmandatario pasa a la etapa de investigación judicial o queda exento de los cargos.
De enviar a la siguiente etapa al expresidente que gobernó con la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), el tribunal tendrá que establecer si lo procesará en total libertad o con medidas cautelares como el arresto domiciliario o la prisión preventiva.
Junto a Saca fueron acusados sus exsecretarios privado, de Comunicaciones y de Juventud, Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente, detenidos este domingo.
También, Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera, colaboradores directos del expresidente, de acuerdo con la Fiscalía, y aún empleados de la Presidencia, también arrestados el domingo.
Según el fiscal general, Douglas Meléndez, estas personas operaban una estructura al interior de la Presidencia que movió 246 millones de dólares a 14 cuentas personales de Charlaix, Rodríguez y Gómez, de las que posteriormente retiraron 116 millones de dólares “en efectivo”.
El fiscal detalló el lunes en una rueda de prensa que durante las investigaciones, iniciadas tres meses atrás, han determinado que al menos 6 millones de dólares fueron blanqueados por Saca y Charlaix, “vía triangulación” a las empresas del exmandatario, que incluyen un reconocido consorcio de radios.
Por su parte, el jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Jorge Cortéz, aseguró que la suma revelada “puede ir aumentando paulatinamente, de acuerdo con los avances que se vayan teniendo”.
Detalló que la metodología utilizada por los detenidos para “tratar de no dejar rastro y eludir las investigaciones” de los 6 millones fueron “transferencias entre cuentas bancarias, retiro en efectivo, y apertura y cierre de cuentas”.
El ente fiscal solo ha podido determinar el destino de estos 6 millones de dólares y desconoce el fin que tuvo el resto del dinero “cuestionado”.
La investigación, denominada “Destape Corrupción”, tuvo como origen un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia con el que se inició antes un proceso civil contra Charlaix por supuesto enriquecimiento ilícito en más de 18,7 millones de dólares.
Dicho informe establece que de una “partida secreta” del Gobierno en la que se manejaban fondos para la inteligencia estatal se libraron cheques a nombre de funcionarios y que este dinero finalmente acabó en las cuentas de Charlaix.
A nombre de Saca fueron emitidos más de 15 millones de dólares, otros 497.406 dólares para Rank, 45.000 dólares para César Funes y 400.000 dólares para el partido Arena.
No es la primera vez que esa formación política se ve salpicada por este tipo de casos. Según la Fiscalía, el partido recibió 10 millones de dólares del difunto expresidente Francisco Flores (1999-2004), quien supuestamente desvió donaciones taiwanesas y por lo que afrontó un proceso penal.
