“Crecida oî jave opoi hikuái estérore pe líquido ky’a. (cuando hay crecida liberan por el estero el líquido sucio)”, confiesa un poblador de una comunidad cercana al vertedero El Farol de Villa Hayes. El hombre prefirió no revelar su nombre por temor a represalias. El lugar forma parte del sitio declarado como Área Silvestre Protegida donde, según moradores, aún se observa merodeando en la zona a mamíferos como venado y kure ka’aguy.
La mencionada empresa realizó un contrato con el Ministerio de Defensa para utilizar un total de 500 hectáreas por 20 años. El vencimiento del acuerdo será en enero del 2019, sin embargo, la semana pasada ambas cámaras del Congreso aprobaron que la finca pueda ser vendida a su actual inquilino. Ahora depende del Poder Ejecutivo que el terreno pueda pasar o no a nombre de la firma privada.
La decisión del Legislativo se da a pesar de la recomendación hecha por la Contraloría General de la República en la que señala que debe suspenderse dicha actividad que altera los recursos naturales.
En el texto, firmado por el contralor José Enrique García, señala que debe “comunicarse a la Secretaría del Ambiente la imposibilidad de proseguir con cualquier actividad de disposición de residuos dentro de la finca Nº916, arbitrando para ello medidas y mecanismos para un plan de clausura y post clausura”.
Contradicciones. El ministro de Seam, Rolando de Barros Barreto, manifestó a Radio Monumental que el vertedero ya estuvo antes de la declaración de área silvestre protegida. “Entonces qué recurso natural se puede cuidar dentro de esa área”, aseguró. Afirmó que con el plan de manejo elaborado para el lugar se determinó conservar todo lo posterior a la finca. Dijo que la ubicación del vertedero no afecta a los humedales del Bajo Chaco.
No obstante, en otro momento sostuvo que lo ideal es trasladar la actividad a otra comunidad para alejar de la reserva y evitar que los residuos sean transportados por un puente tan delicado como lo es el de Remanso. Expuso que sumado con la empresa Sermat, encargada de residuos peligrosos y un asentamiento, son cerca de 7.500 hectáreas ya intervenidas en el sitio.
Arrendamiento. “Solicitamos la compra porque todo el tiempo tenemos invasión de tierra y la Seam nos exige tener planta de efluente. Estamos terminando la obra y cuesta más de USD 2 millones. Además debemos concretar la planta de reciclado, que cuesta más USD 4 millones. Es muy peligroso seguir invirtiendo; por eso pedimos la compra”, dijo la propietaria El Farol, Adelaida Cañete.
Desmintió que existan irregularidades en el tratamiento del líquido tóxico resultante de las basuras, lixiviado. “Estamos en regla. Es cierto, hace tres años atrás se derramó el lixiviado y nos multaron por descuido”, relató.
El Farol recibe residuos de 25 municipios e ingresa un promedio de 1.050 toneladas de desecho a diario, según Cañete.
Afirman que venta de área protegida puede dejar mal precedente
El director de Áreas Silvestre Protegidas de la Seam, Christian Ferrer, señaló que de concretarse la desafectación de la finca en cuestión se crearía un mal precedente para que otras áreas protegidas puedan ser invadidas y luego dar vía libre para la venta de la reserva.
“El plan de manejo, para el área que ya estaba bastante intervenida, se dio para el uso correcto de una porción del lugar, porque era necesaria la disposición final de residuos sólidos y en ese momento ese era el lugar adecuado”, indicó.
Resaltó que en todo caso lo que se debería hacer es actualizar el plan de manejo a los usos que se está dando actualmente, sin necesidad de realizar la venta del terreno estatal.
A finales del 2015, la Seam había constatado en el predio, arrendado por El Farol, varios puntos de filtración de lixiviados (líquido tóxico producido por los desechos) que se diseminaron a campo abierto, saliendo de los sitios de operación. Estos, según los técnicos, deben encontrarse contenidos y conducidos a las piletas de tratamiento de lixiviado existentes en el lugar.