EFE.
Según la OA, en el marco del programa Refinación Plus, las empresas Petrolera Argentina S.A. (PASA) y la Refinería Neuquina S.A. (Renesa), recibieron incentivos representados por certificados de créditos fiscales comercializables en el mercado.
“Se habrían otorgado incentivos muy significativos a las firmas PASA y RENESA sin cumplir con la normativa vigente y fuera de las finalidades específicas previstas al crear los programas”, dijo la OA en la denuncia que quedó radicada en el juzgado federal 5 de Buenos Aires.
“Debemos destacar también que a la firma RENESA se le habría otorgado la totalidad del incentivo (100 %) antes de haber terminado de construir su planta, en clara violación de lo dispuesto por la normativa vigente”, sostuvo el organismo, según un comunicado difundido hoy.
“La empresa tampoco habría producido -ni de manera cercana- los niveles comprometidos en el proyecto aprobado; circunstancia esencial como condición para el reconocimiento de los incentivos para la producción”, agregó.
Según la OA, también en el caso de PASA la empresa “recibió los incentivos en forma de certificados de créditos fiscales en su totalidad antes de concluir las obras y luego de transcurrido los plazos que la normas imponían”.
Por las supuestas irregularidades, el organismo responsabilizó a De Vido, actual diputado del kirchnerista Frente para la Victoria, y al exsecretario de Energía Daniel Cameron, además de otros exfuncionarios del Ministerio de Planificación.
Para la OA, los hechos denunciados “podrían recaer eventualmente en las figuras de incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública y peculado”.
De Vido, ministro de Planificación durante la Presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández (2007-2015), es también investigado porque encabezaba la cartera a la que pertenecía el área de Transporte cuando en 2012 un tren se descarriló en la transitada estación porteña de Once, lo que causó la muerte de 51 personas (una de ellas embarazada) y dejó unos 700 heridos.
Además, enfrenta una causa por presunto enriquecimiento ilícito.