Tras los abusos cometidos por el Parlamento con la proliferación a mansalva de universidades –existen más de 50 actualmente, con sedes repartidas a lo largo y ancho del país– que no reunían los mínimos requisitos de solvencia académica, esta es la hora en que resulta muy difícil corregir los atropellos a los estudiantes. El lucrativo negocio de vender –más que conocimientos– consolidados títulos a los que abonan puntualmente sus cuotas se ha convertido en un cáncer de la educación terciaria en el Paraguay. Lo que importa es recaudar, abrir más locales, captar más alumnos y expandirse. La calidad de la enseñanza, por lo general, es la gran ausente.
Algunos parlamentarios han sido los grandes responsables de los desbordes inmisericordes del sector. Aliados con empresarios ávidos de ganar dinero, aprobaron universidades de garaje que ofrecen carreras que se cursan solo los sábados, con profesores improvisados, programas que no pasaron por un control especializado y otras irregularidades.
Cuando la podredumbre había ido ya demasiado lejos, fue aprobada la nueva ley que rige la vida de los institutos y universidades. En ella, al Cones se le asigna la ardua labor de poner la casa en orden, enderezar lo torcido y encauzar por el carril debido lo desviado.
Por eso, en uso de sus atribuciones, luego de casi un año de intervención, acaba de clausurar 9 sedes y varias carreras de la Universidad Privada del Guairá (UPG) por no reunir las exigencias legales para su funcionamiento. También cerró parcialmente 19 de sus locales por la misma razón.
Si bien hay que reconocer que el Cones se esfuerza por cumplir el rol que le asigna la ley, es necesario también apuntar que su labor se desarrolla con demasiada lentitud. A esta altura, más universidades deberían haber sido intervenidas. Ese ritmo de acción casi intrascendente se debe a que carece de recursos económicos –los cuales no les son proveídos ex profeso por el Congreso para proteger a los estafadores de estudiantes– y el suficiente coraje como para desarticular la red de corrupción que, en la mayoría de los casos, sigue contando con el blindaje de políticos.
Tal como se desarrolla lo que pretende ser un proceso de depuración de las universidades carentes de solvencia académica, la limpieza durará décadas enteras y numerosos estudiantes seguirán haciendo manifestaciones en reclamo de los títulos que no se les entregan porque sus carreras nunca fueron habilitadas. Así como en la Universidad Nacional de Asunción (UNA), los alumnos se rebelaron y dieron pie a un tímido esfuerzo de cambio, los de las universidades de gestión privada también tendrían que levantar su activa voz de protesta para reclamar el cese de la mentira que sufren. Si no, el calvario de muchos continuará quién sabe hasta cuándo.