El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) realizó ayer una conferencia de prensa para informar con bombos y platillos la desestimación de la denuncia penal que presentó el Sindicato de Empleados y Obreros de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Seodinac) contra el comité de evaluación del proyecto de modernización del Aeropuerto Silvio Pettirossi.
La resolución fue emitida por el Juzgado Penal de Garantía N° 4 de Asunción, a cargo del juez Rubén Darío Riquelme Ramírez. El magistrado hizo lugar al pedido del fiscal Alcides Corvalán Ocampos para desestimar y archivar la denuncia por prevaricato y producción de documentos públicos de contenido falso.
Fiel a su estilo, el titular de la Cartera, Ramón Jiménez Gaona, aprovechó la ocasión para rechazar la recomendación de la Contraloría General de la República (CGR), organismo que recomendó cancelar la cuestionada licitación vía alianza público privada (APP).
Incluso aseveró que “el contralor no es Dios” y que “la Constitución no le dio una libertad absoluta de hacer lo que quiera y decir lo que quiera”. Enfatizó además que “la experiencia en otros países es que la contraloría se convierte en una estación de peaje”. El ministro prometió respetar el dictamen del ente contralor, pero ahora quiere adjudicar como sea la terminal aérea al consorcio liderado por la española Sacyr.
Resaltó además que la adjudicación del aeropuerto hoy depende de la decisión del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, donde MOPC y Dinac accionaron pidiendo la nulidad del dictamen de CGR. “Si el Poder Judicial da vuelta ese dictamen (de la Contraloría) y nos da la razón, entonces tenemos la vía libre para continuar con el proceso”, dijo.
En cuanto a la resolución judicial del juez Riquelme, desestimó la denuncia de Seodinac contra los funcionarios Emiliano R. Fernández, de la Secretaría Técnica de Planificación (STP); Agustín Encina, Claudia Centurión y Ricardo Riego, del MOPC; Víctor Velázquez y Adalberto Meza Abdo, de Dinac, y también el ex ministro de Hacienda, Santiago Peña Palacios.
Uno de los puntos que resaltó la Seodinac en su denuncia es que la Dirección Jurídica del MOPC elaboró un dictamen de contenido falso, firmado por el abogado Dionisio Mereles, documento que permitió a Sacyr seguir en carrera. Sacyr tenía participación accionaria en la concesión del Aeropuerto de Murcia, España, lo cual le impedía competir.
Jiménez Gaona no supo explicar la participación de la empresa española en la concesión de Murcia. “No tengo ni idea”, reiteró el secretario de Estado.
Opiniones
“La crítica a la sentencia es libre”
“Lo que queda claro es que la sociedad concesionaria de Murcia (en España) es una persona jurídica, una sociedad anónima y la oferente de la licitación del Aeropuerto (Silvio Pettirossi) es una sociedad jurídica totalmente distinta. Sacyr Concesiones SL no es la misma concesionaria de Murcia. La crítica a la sentencia es libre”, expresó al ser consultado sobre la participación de Sacyr en la concesión de Murcia. Dionisio Mereles, MOPC
“Estamos analizando una apelación”
“Llama poderosamente la atención que el MOPC ya tenga todos los detalles de la desestimación de nuestra denuncia, siendo que a los denunciantes nosotros ni siquiera nos notificaron aún. Estamos analizando una apelación; es una de las posibilidades que estamos debatiendo, porque también en nuestra denuncia habíamos denunciado a Sacyr por mentir en su declaración jurada; esperamos la notificación”. Rubén Cáceres, Seodinac.
