Por lo que han repetido durante la campaña electoral para las internas celebradas el 17 de diciembre de 2017, los candidatos presidenciales de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), Mario Abdo Benítez (Marito), y del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA, Partido Liberal), Efraín Alegre (Efraín), están de acuerdo en revisar nuestra Constitución convocando a una constituyente.
Empiezo expresando mis reservas sobre la necesidad de revisar una Constitución que funciona perfectamente para el objetivo principal para el que fue elaborada, que fue evitar que la dictadura vuelva a nuestro país.
En consecuencia, si se va a revisar nuestro ordenamiento institucional, Marito y Efraín deberían hacer un acuerdo formal de que la constituyente no tocará ni una coma siquiera de la división de poderes establecida en nuestra Constitución. Esa división de poderes ha sido la muralla contra la que se estrellaron todos los intentos por restablecer el autoritarismo y, por tanto, debe mantenerse y ser garantizada.
Para quienes no sepan entender lo que digo, debe mantenerse la prohibición absoluta de la reelección presidencial y, en todo caso, deben agregarse más clarificaciones en sus Artículos 229 y 290 para que ningún abogado como Juan Carlos Mendonca y sus cómplices puedan plantear interpretaciones aviesas sobre sus disposiciones. La no reelección es el elemento central de contención del poder presidencial en Paraguay, es la piedra angular de la división de poderes.
Marito y Efraín deberían acordar que no habrá constituyente sin previo desbloqueo de listas (doble voto preferencial) y sin previa trazabilidad de aportes en las internas de las organizaciones políticas. Ninguna constituyente debería ser elegida con listas bloqueadas en las que Óscar González Daher no pueda ser desplazado, ni con candidaturas financiadas en secreto por Horacio Cartes o por Ximenes Pavão.
Marito y Efraín coinciden en que hay que eliminar las causas que convirtieron a nuestro sistema judicial en una cueva de traficantes.
No hay secreto alguno: Los magistrados, desde los ministros de la Corte Suprema hasta el último fiscal barrial no deben estar sometidos a reconfirmaciones. Una vez elegidos, nadie que no sea el Congreso por el mecanismo del juicio político debe poder tocarlos, molestarlos, moverlos, cortarles la carrera; los jueces deben ser inamovibles en forma absoluta desde su elección hasta su retiro sin que nada en el principio, en el medio o en el final de ese periodo pueda afectarlos.
Si se hace lo anterior, no hay necesidad de ningún Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, institución que ha fracasado en el mundo entero, sin excepción alguna. Pero si se mantiene tal Jurado, no tiene que haber en él ninguna representación corporativa de gremios, ni de universidades, ni de instituciones integradas por quienes deben ser controlados por el mismo.
Si la “Justicia emana del pueblo”, como debe ser, solo el Senado y Diputados, con el presidente de la República, deben participar en la nominación de magistrados.
Si se hace lo anterior, no hay necesidad de ningún Consejo de la Magistratura, otra institución que también ha fracasado mundialmente, también sin excepciones. Pero si se lo mantiene, tampoco debe haber en él ninguna representación corporativa.
Y finalmente, Marito y Efraín deben entender que la lógica de un cierto empresariado paraguayo, según la cual hay que “blindar” asuntos como la educación o la justicia frente a la representación del pueblo, lógica que nos vendieron sin resultado satisfactorio alguno, es antidemocrática y radicalmente fascista. El pueblo, directamente o a través de sus representantes institucionales legítimos, debe tener plena potestad sobre los asuntos de su interés.