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Política
domingo 16 de abril de 2017, 01:00

"Con enmienda o sin ella, parece que todos trabajan para la ANR"

El profesor dice que, por ahora, la principal pérdida en la confrontación que provoca el tema de la reelección presidencial vía enmienda es la inexistencia de un proyecto alternativo sólido aglutinador que pueda enfrentar a la ANR en 2018.

Susana Oviedo

soviedo@uhora.com.py

El profesor Willian Campo es colombiano. Lleva 18 años viviendo en Paraguay, lo que le ha convertido en un agudo observador de la realidad social y política del país. Desde la cátedra o a través de sus posteos en las redes sociales, el docente e investigador siempre ofrece un análisis profundo de los hechos que configuran la realidad paraguaya. Esta vez requerimos su opinión acerca de la tensión y violencia que genera el proyecto oficialista de introducir la reelección vía enmienda constitucional.

–¿Qué opina del diálogo convocado por el presidente Horacio Cartes y que en su segunda reunión ya no contó con el titular del Congreso ni con el representante de Avanza País?

–Son posiciones irreconciliables. Cuando las mayorías se imponen a "pupitrazo limpio", según la coyuntura, sin debate, sin análisis, sin transparencia, sin control, sin medir las consecuencias, como en junio de 2012, no cabe duda que las cartas están echadas. Dentro de su propósito reeleccionista, el presidente Cartes y el oficialismo lograron dividir a la ANR (por ahora); al PLRA, a la izquierda, al Congreso en su conjunto y a la sociedad en general. No tengo idea de cuál será el futuro de este proceso, que está dejando más heridos que vencedores a su paso. Por ahora la principal pérdida, en mi opinión, es la inexistencia de un proyecto alternativo sólido aglutinador, que pueda enfrentar, con posibilidades, a la ANR en 2018.

–¿Por qué suena tan poco convincente la consigna oficialista: "que la gente decida", con referencia a someter a consulta la enmienda constitucional para la reelección presidencial?

–La expresión "que la gente decida" es una falacia en sí misma. "Gente" desde el punto de vista sociológico no significa nada más que un colectivo de personas, a secas. A diferencia de la noción de ciudadanía, que implica algo fundamental: el ejercicio de derechos y responsabilidades en una sociedad democrática, y que concibe a los gobernantes como servidores públicos respetuosos de esos derechos y de sus obligaciones.

Sin embargo, a diario esa ciudadanía ve expuesta su vida, su salud, su educación, su futuro, su dignidad como seres humanos, a abusos privados e institucionales sin que su voz sea escuchada, pese a que la Constitución Nacional lo exige en muchos de sus artículos. Si hacemos un recuento de los abusos y omisiones institucionales que se vienen cometiendo solo desde 2012, en diferentes regiones del país, contra las comunidades campesinas, indígenas, trabajadores, recursos naturales, nos van a salir tratados enteros. El nivel de impunidad institucional que arropa a políticos, funcionarios y actores privados con procesos viciados, lentos, "no lo decidió" la ciudadanía.

–¿Qué opina sobre el comportamiento de los ciudadanos, también divididos a favor y en contra de la enmienda constitucional?

–Las polarizaciones son el resultado de las construcciones discursivas con las que los actores enfrentados erigen a su oponente, atribuyéndole rasgos y características descalificadoras, mientras se autoexaltan a través de valores, virtudes y justificaciones (el famoso cuadrado ideológico de Van Dijk). En ese escenario las voces moderadas se pierden en el ruido de la polarización. No vale la pena jugarse a ciegas por posiciones polarizadas que en sí mismas no resuelven nada fundamental en beneficio del país, y menos cuando esa dinámica puede convertirte en amigo o enemigo según en donde estés parado. En especial si se tiene claro que los defensores constitucionales de hoy son los mismos violadores de ayer que aplaudieron a rabiar la entrada del modelo actual en 2012, y la defunción de la alternancia por las urnas; y las víctimas de ayer hoy se unen al modelo perverso que las desplazó, haciendo gala de un pragmatismo suicida. Por suerte, en las lecturas y posicionamientos de la ciudadanía frente a los acontecimientos se han podido ver mucha madurez y claridad de criterios.

–¿Qué elementos le llevan a concluir, como lo leímos afirmar, que 28 años después, la Policía y la administración de justicia siguen siendo stronistas y que no logramos construir alternativas sólidas para revertir este atraso?

–El nivel de represión aplicado el 31 de marzo fue denigrante. El asesinato del joven Rodrigo Quintana dentro del local del PLRA, y la represión desproporcionada a los militantes, las demás violaciones de derechos humanos en las calles por parte de la policía, a personas indefensas, con tanta sevicia, es algo inadmisible en una democracia. En términos simbólicos parece más un mensaje coordinado para generar miedo y escasa reacción política que un error aislado en un operativo policial. En especial si el apremio de la enmienda continúa como si nada hubiera pasado y las investigaciones suponen miradas selectivas y de eficiencia dispar. Si leemos todo esto como un conjunto de mensajes institucionales, es para preocuparse, porque lo que menos brilla en estos y otros acontecimientos es el respeto por el estado de derecho.

También nos chocamos de frente con una dura realidad: carecemos de alternativas que oxigenen la práctica política y que signifiquen además reservas morales de la civilidad. Si analiza bien, lo mejor que nos ha ocurrido últimamente ha venido de los estudiantes universitarios y secundarios. Igual que los sectores campesinos en su lucha por la tierra, algunos gremios y organizaciones que arropan causas ciudadanas. Además del protagonismo femenino y su lucha contra la violencia estructural. Más no tenemos, y como si fuera poco, están dispersos.

–¿Y entonces?

–Y... en un escenario árido en alternativas, siempre saldrán ganando los grupos políticos tradicionales, mejor estructurados, a los que todavía les alcanza con sus viejas prácticas para seguir gobernando. Con enmienda o sin enmienda, parece que todos trabajan para la ANR, que hoy está dividida, pero dudo que llegue así al 2018.

–Entre las lecturas de la polémica desatada en torno a la enmienda constitucional, hay una que dice que este asunto es una pelea entre grupos económicos. A su criterio, ¿qué subyace?

–Mientras el Estado siga siendo entendido y tratado como botín político y económico, de los socios del poder que hacen negocios con el Estado y a costillas del Estado, siempre será presa de luchas de poder de toda índole. En especial si convergen intereses internos y externos como ahora. De allí a que la figura de la reelección resulte tan acogida entre los grupos más beneficiados y a la vez tan polémica, entre los más perjudicados. En este escenario nadie da puntada sin dedal.

–Si los abusos institucionales sistemáticos se quedan impunes, en periodo regular, ¿se imaginan en una campaña de reelección?, pregunta usted. ¿Qué busca significar?

–Las campañas de reelección son vidriosas porque se supone que un presidente candidato siempre tiene la sartén por el mango, entendiendo sartén como el conjunto de recursos estatales. En especial con una institucionalidad tan frágil como la nuestra, que a veces raya con la complicidad y la obsecuencia.

En esas condiciones nadie quiere soltar la sartén, y las garantías para el ciudadano común disminuyen. Esto no solo se ve en la presidencia. Alcanzan un cargo electivo y creen que los contribuyentes deben mantener sus privilegios de por vida.

Es toda una cultura.