El Grupo Cartes y sus empleados en el Gobierno hicieron mucha fiesta cuando lograron la colocación de los bonos, la pasada semana, por valor de quinientos millones de dólares, en los mercados internacionales (http://bit.ly/2nSBfXR).
Se burlaron, desafiantes, del Congreso, cuya Cámara de Senadores había advertido a los inversionistas que esta emisión de bonos no cuenta con su aprobación exigida en el artículo 202, inciso 10, de nuestra Constitución (http://bit.ly/2nknoK5).
Cuentan que el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Fernández Valdovinos, fue incluso más lejos, festejando en tono triunfalista que uno de los potenciales compradores de dichos bonos se permitiera la desfachatez de sugerirle la destitución del presidente del Congreso, como si fuéramos la republiqueta bananera que quieren que seamos, donde la palabra de un pirata extranjero dadivoso con quienes le sirven valiera más que nuestra Constitución (http://bit.ly/2nX0E5W).
Espero que Fernández Valdovinos se haya levantado de una mesa en la que un potencial comprador de bonos pisoteaba de ese modo nuestro orden constitucional, nuestro Estado de Derecho, aunque hasta ahora las versiones dadas sobre la reunión coinciden en señalar que el presidente del BCP prefirió comportarse más como pariente complaciente de allegados a Horacio Cartes que como representante de un órgano del Estado con su independencia protegida por nuestra Constitución.
El punto es que el Grupo Cartes y sus empleados en el Gobierno están muy felices por estos bonos y, ciertamente, tienen razones de peso para estarlo.
Aunque un porcentaje de los bonos se viene asignando a la renovación de la deuda, cambiando una deuda más cara por otra más barata, el porcentaje restante el Grupo Cartes y sus empleados en el Gobierno lo asignan a obras públicas de las que son beneficiarios directa o indirectamente.
El caso más evidente de direccionamiento de obras públicas es el de la empresa Sacyr, a la que contra viento y marea se están entregando muy buenos contratos públicos (http://bit.ly/2npyIWY) y que está asegurada por la aseguradora Royal, del jefe del Gabinete presidencial, Juan Carlos López Moreira (http://bit.ly/2nWZcAh).
Pero el caso de Sacyr no es el único; ni siquiera es el más importante: El Grupo Cartes tiene constituidas empresas en el extranjero. La Fiscalía nunca investigó el paquete accionario de la empresa supuestamente británica integrada por Regis Romero y Percy Grundy, que trabaja en nuestro país con el mismo equipo de abogados del Grupo Cartes (http://bit.ly/2o6rEMY) (http://bit.ly/2n5Bb5h), que tendrá a su cargo el grueso de las operaciones del billetaje electrónico.
Tampoco investigó la composición accionaria de los inversores que se adjudicarán las enormes obras del alcantarillado sanitario del área metropolitana. Por ejemplo.
Puede suponerse, pues, que detrás de cada ruta, hospital, escuela o pared que construya el Gobierno, financiado con los bonos que tan desesperado estaba Cartes por colocar que optaron por violar nuestra Constitución y emitirlos sin aprobación del Congreso, algo tocará al Grupo Cartes o a sus amigos. Para continuar con esto están imponiendo la perpetuación vía enmienda.
Stroessner hacía lo mismo, muchas obras públicas en las que trabajaban sus amigos: Endeudarnos a todos los paraguayos para que se enriquezcan ellos. No me crean a mí, pregúntenle a los socios de CONEMPA (http://bit.ly/2n7eDBQ). Y por treinta y cinco largos años que son los mismos que quiere el Grupo Cartes.