Los abogados de uno de los grupos de campesinos que litigan en este proceso, Leticia Paoli y Christian Ojeda, dieron a conocer un comunicado en el que denuncian que autoridades del ente agrario quieren obligar a jueces a revertir la reciente sentencia favorable a sus representados, en la disputa por las tierras de Barbero Cué.
En la misiva explican que el juzgado dictó la Sentencia Definitiva Nº 47 del 21 de febrero de 2017 haciendo lugar a la acción de amparo promovida por los campesinos de Barbero Cué, y en consecuencia prohibió la realización de cualquier acto, suspender la realización de los trabajos de fraccionamiento del inmueble, y en especial la expedición de títulos nulos por el Indert.
Esta sentencia es la que la institución rural pretende que sea revocada, a fin de expedir títulos de propiedad –en plena campaña política– sobre apenas unas 14.090 hectáreas, cuando que Barbero Cué en realidad tiene 17.343 hectáreas.
Los representantes legales de los campesinos señalan en el escrito que el Indert podría “perjudicar los intereses legítimos de los campesinos sobre la finca N° 231 padrón N° 682 de San Pedro de Ycuamandiyú en violación al tratado bilateral entre Italia y Paraguay ratificado por ley de la nación”. “La inminencia de la entrega de estos títulos nulos no tiene otro procedimiento para evitarlo sino por la urgencia del caso solo por el amparo. El Indert pretende imponer una mensura hecha en cuatro paredes, hecha para favorecer a ganaderas en perjuicio de un tratado internacional vigente”, dice parte del comunicado.
Agrega que la injerencia política sobre una cosa juzgada se traduce en la falta de respeto y a la no subordinación del ente rural a lo resuelto en la esfera judicial. “(...) se debe respetar la fuerza que atribuye el derecho a los resultados del proceso y no querer utilizar argumentos baladíes y plantear nuevas controversias sobre el objeto ya sentenciado”, expresan los letrados.
Añaden que la institución agraria no solo hizo desaparecer más de 3.000 hectáreas de Barbero Cué a favor de ganaderos sino que también se pretende modificar una sentencia que ha quedado firme y ejecutoriada. “No se puede borrar con el codo una sentencia firme”, manifiestan.
“La providencia que impugnamos nos causa el agravio de atacar la Seguridad Jurídica de la República del Paraguay, al permitir la hipotética posibilidad de convertirnos de vencedores en la acción de Amparo, en perdedores de ella”, expresa el texto.
Los apoderados de los campesinos consideran que se está cometiendo actos de terrorismo jurídico, de manera arbitraria, bochornosa y desmedida. “Aquí nos encontramos frente a elefantes blancos, potentados que pretenden amilanar al campesinado con groseras, viles e ilegítimas acciones”, finaliza el comunicado. Las tierras de Barbero fueron donadas en el 2012 por el Gobierno de Italia.