En este tercer año, la población de las principales caberas departamentales que fue encuestada manifestó en un 66% que no cree que el mandatario esté interesado en reformar la Justicia. Solamente un 18% expresó que piensa que sí está interesado, y un 16% dijo que no sabía.
Aumento. En el área de Asunción y Gran Asunción, un 71% manifestó a la encuestadora que piensa que a Cartes no le interesa reformar la Justicia, un 19% dijo que pensaba que sí creía que al mandatario le interesa realizar dichos cambios, y un 10% manifestó desconocer esta situación como para emitir opinión.
En relación a los primeros años de Gobierno, la percepción en este grupo fue variando. En el 2014, un 52% pensaba que Cartes no quería reformar la Justicia, en el 2015, con las movidas de juicio político, este número bajó a 48%, pero en este año, con el congelamiento de dichos procesos, volvió a subir a un 71%, lo cual implica un aumento del 23% respecto al año pasado.
Reformas. Las reformas en el ámbito de la Justicia se vienen gestionando a nivel del Legislativo con grupos de la sociedad civil y del propio ámbito judicial a través de las comisiones que estudian reformas legales en este sentido. Sin embargo, la cuestión de los cambios de ministros de la Corte Suprema de Justicia a través del mecanismo del juicio político fue un proceso que se inició en el Congreso en el 2014 de la mano del senador liberal Blas Llano y el propio presidente Horacio Cartes.
Ese año, en la Cámara de Diputados, donde el cartismo tiene una cómoda mayoría, los procesos de juicio político a los ministros Óscar Bajac, Sindulfo Blanco, César Garay Zuccolillo, y el entonces ministro Víctor Núñez, corrieron con facilidad, llevando al último a la renuncia.
Sin embargo, en el seno del Senado, los números para sentenciar a la destitución a los mismos nunca fueron logrados y dividieron los criterios tanto entre oficialistas como opositores.
Por ahora, el proceso sigue varado en la Cámara Alta que aún debe resolver proseguir con los procesos y darles un finiquito para bien o para mal de los ministros procesados. El actual titular del Senado, Roberto Acevedo, prometió una resolución al respecto.