EFE
“En líneas generales, podríamos considerar que ha sido una visita oportuna y positiva”, evaluó este miércoles el presidente del Senado boliviano y líder de la comitiva, José Alberto Gonzales, en una rueda de prensa ofrecida tras dos días de reuniones con autoridades políticas y migratorias argentinas.
Como principal resultado, Gonzales anunció que ambos países se comprometieron verbalmente a la creación de una mesa de trabajo para examinar las inquietudes generadas por la reforma migratoria oficializada por Macri la semana pasada con el objetivo de agilizar los trámites de expulsión del país de los extranjeros que cometan delitos.
“No es que a sola denuncia o a partir de un procesamiento judicial automáticamente corra la expulsión”, aclaró.
También aseguró que todos los funcionarios con los que se entrevistaron les garantizaron que las modificaciones “de ninguna manera tienen el objetivo de restringir los derechos de los migrantes”.
La medida fue aprobada días después de que la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, vinculara, en declaraciones radiales, la inmigración peruana, paraguaya y boliviana con el aumento del narcotráfico, lo que fue criticado por el Gobierno de Morales, que comparó sus palabras con el “discurso xenofóbico” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“Las declaraciones de la ministra Patricia Bullrich y de otros políticos fueron para nosotros denigrantes y han lastimado el sentimiento nacional”, afirmó este miércoles el líder de la comisión, también integrada por el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, y el viceministro de Comercio Exterior, Clarems Endara.
La comisión se entrevistó con Bullrich el martes y la ministra desmintió que el sentido de sus palabras fuera el que les llegó a través de los medios de comunicación o que el Gobierno argentino estigmatice a los bolivianos.
No obstante, Gonzales lamentó que Bullrich declinara comparecer con ellos ante la prensa para hacer declaraciones conjuntas.
Pese a la invitación a la tranquilidad de las autoridades argentinas, el presidente del Senado instó a que, dado que en el texto del decreto leen una impresión de “presunción de culpabilidad” contra los inmigrantes, si algún ciudadano boliviano siente violados sus derechos lo denuncie inmediatamente.
El malestar despertado por los comentarios de Bullrich había crecido además días después debido a que el diputado argentino Alfredo Olmedo se manifestó públicamente a favor de construir un muro en la frontera entre Argentina y Bolivia.
Gonzales consideró que las “declaraciones destempladas” son ya un “tema pasado”, pero señaló que de tener que construir muros habría que ponérselos “a los racistas” y a los que “no creen en la fraternidad”.
Asimismo, el funcionario boliviano resaltó que, según las cifras que manejan, el porcentaje de bolivianos encarcelados en Argentina por cometer delitos es “insignificante”.
Por ello, esperan que esta polémica sea un “tema superado” para abril, mes en el que el Evo Morales planea hacer su primera visita oficial a Argentina desde la asunción de Macri en diciembre de 2015.
