El proceso se halla actualmente empantanado, debido a las denuncias presentadas por una de las oferentes, Sedicor (descalificada); a esto se sumó el informe presentado por los tres profesionales que fueron contratados por la Comisión Permanente del Congreso y la intervención que tomó la Contraloría General de la República.
En condiciones normales el Ministerio de Obras Públicas ya debería estar tomando una decisión sobre la adjudicación o no a uno de los dos oferentes en pugna en estos días, pero considerando que la Contraloría tomó intervención en el caso, se esperará que el ente contralor eleve su informe, lo cual se dará en la primera quincena de febrero.
Cabe recordar que a través de una nota dirigida al titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Jiménez Gaona, el contralor Enrique García recomendó suspender el proceso de contratación para la modernización y ampliación del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, que está en proceso de licitación vía alianza público-privada (APP).
En el documento, la Contraloría General de la República (CGR) reiteró a Obras Públicas que espere hasta que se emita el dictamen correspondiente de la auditoría que realizará al proceso para definir la adjudicación del llamado.
En este sentido, Jiménez Gaona había expresado que el proceso de evaluación de ofertas de la APP continúa y que no contratarán a ninguna empresa, hasta tanto se expida la Contraloría sobre el tema.
No obstante, en el MOPC se analiza cuál sería la salida más oportuna para el caso. La primera es esperar el informe de la Contraloría y después tomar una determinación. La otra, es declarar desierta el llamado ante los cuestionamientos y un posible dictamen desfavorable desde el ente contralor.
Puja. La pugna continúa entre Sacyr-Agunsa (España y Chile) y Vinci Airports-Talavera & Ortellado (Francia y Paraguay). Sin embargo, Vinci dejó el camino libre para que Sacyr sea la potencial ganadora de la concesión del aeropuerto por treinta años.
Ahora está en manos del MOPC definir si le otorga la concesión por 30 años a Sacyr, que tiene oscuros antecedentes en su país de origen. La firma española tuvo procesos en España, donde se le cancelaron contratos, como fue el caso de un aeropuerto de Murcia. Justamente, este tema fue cuestionado por los legisladores.