Un manto de sospechas sobre presuntas irregularidades se ha instalado en torno al proceso de contratación para la modernización y ampliación del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, la segunda gran obra en proceso de licitación vía alianza público privada (APP), a un costo de 149 millones de dólares.
Durante la apertura de sobres, en diciembre último, se descartó la propuesta del consorcio Caminos Viales del Uruguay-Cedicor SA, esta última empresa del Grupo Eurnekian, que ha manejado la concesión del aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, a la que se acusa de haber incumplido con el pago del canon al Estado argentino.
Posteriormente, se cuestionó que otra de las empresas participantes, el consorcio francés Vinci, ha sido asesorada por un estudio jurídico vinculado al jefe de gabinete del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Esteban Sarubbi Lutz, que desde un principio tuvo mucha participación en el proceso de la APP, lo cual puede considerarse como una situación de conflicto de intereses. También hubo varias criticas en el sentido de que el proceso se direccionó a la contratación de la otra empresa que se presentó, el consorcio español Sacyr.
En las ofertas, Sacyr planteó abonar al Estado paraguayo el 32,06% de todos los ingresos brutos que genere el aeropuerto en un año, durante los 30 años del contrato de concesión, mientras que Vinci propuso un canon de apenas 1,02% de la recaudación, por lo que Sacyr sería la virtual ganadora de la licitación.
El senador Eduardo Petta denunció públicamente que la empresa Sacyr-Agunsa presentó una póliza de fiel cumplimiento emitida por la compañía aseguradora vinculada al ministro secretario del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Carlos López Moreira, lo cual supondría un caso de tráfico de influencia, pero esta acusación aún no ha podido ser confirmada plenamente, ya que los datos son mantenidos bajo confidencialidad por el MOPC. En caso de comprobarse, sería un caso más de tráfico de influencias o conflicto de intereses.
No hay que olvidar que la misma empresa española Sacyr es la que ya había ganado la APP para la duplicación de las rutas 2 y 7, ofertando el precio máximo que estimó el MOPC. Fue el único oferente y se aprovechó de la situación.
Las obras de esta segunda gran obra bajo la modalidad de la APP son de gran importancia para mejorar las conexiones áreas y no deberían quedar contaminadas con las sospechas de presunto tráfico de influencias a favor de alguna empresa. En caso de comprobarse cualquier irregularidad, esta no debe quedar impune.
