Por Claudia Cardozoy Andrés Colmán Gutiérrez
CIUDAD DEL ESTE
“No solo fue el accidente más grave que hubo en una represa hidroeléctrica, en toda América Latina, sino también se produjo el mayor daño ecológico al arrojar los casi 600 litros del tóxico aceite PCB a las aguas del río Paraná, pero las autoridades nunca alertaron del hecho ni a la población, ni a los organismos ambientales”, revela Luis Alberto Fernández, uno de los técnicos que resultaron afectados por la contaminación posterior a la explosión de los dos reactores de la represa Acaray II, de Hernandarias, ocurrida el 28 de abril de 2004.
El aceite químico sintético PCB (bifenilos policrolados), cuyo nombre comercial es Askarel, se utiliza como fluido aislante en equipos eléctricos, principalmente reactores y transformadores. Contiene ácido clorhídrico (HLC) muy venenoso, y con altas temperaturas libera dioxinas y furanos, de alta toxicidad. Había 300 litros en cada uno de los dos reactores (R3 y R4) que explotaron hace cinco años.
Ahora, Luis Alberto Fernández, junto a un grupo de compañeros trabajadores de la represa, acepta contar por primera vez los detalles de aquel trágico episodio, del que trascendió muy poca información a la opinión pública, y sobre el cual la Administración Nacional de Electricidad (ANDE, bajo la presidencia de Martín González) y el Gobierno paraguayo (entonces a cargo del presidente Nicanor Duarte Frutos), guardaron un hermético silencio.
“Una parte del aceite que había en los reactores quedó impregnado en el piso y en las paredes de la sala de máquinas, donde sucedió la explosión. También penetró en el organismo de los 4 compañeros que estaban allí en ese momento. Pero la mayor parte salió por los tubos y los cables que llevan directamente a las aguas del río Paraná. Es un volumen demasiado grande, para un producto que es altamente venenoso, y que tarda entre 70 a 100 años en desaparecer”, revela.
No existen datos sobre los efectos que el producto químico vertido haya causado a las aguas del río, y a la población ribereña, ya que al no haber existido un informe oficial sobre el accidente, ningún organismo ambiental se ocupó de relevar datos o realizar un estudio. “Pero es seguro que un volumen tan grande de sustancia química tóxica no pudo haber pasado inadvertido”, refiere el técnico de la ANDE.
CONTAMINACIÓN ACTIVA. Luis Alberto Fernández no estuvo durante el accidente, y solo ingresó a la sala de máquinas seis meses después, junto a otros técnicos, para volver a poner el lugar en operación, cuando la ANDE les aseguró que el lugar ya había sido limpiado y descontaminado.
Pero la advertencia de que no había peligros era falsa. Varios meses después, los trabajadores empezaron a sentir molestias y dolores, y tras un examen médico descubrieron que también tenían altas concentraciones de PCB en la sangre.
“Fue una irresponsabilidad de la ANDE permitir que sus técnicos y funcionarios entren a trabajar. Hoy, además de los 4 que estaban en el momento del accidente, otros 13 también nos contaminamos posteriormente. Hemos leído que, en accidentes similares ocurridos en otros países, el lugar fue sellado y lacrado. Aquí no, aquí se privilegio la rentabilidad por encima de la salud. En estos años, desde que la sala de máquinas volvió a operar se generó en esa misma sala una facturación de 65 millones de dólares por producción de energía”, sostiene Esteban Montanía, del Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) y otro de los afectados por la contaminación.
Aunque la ANDE sostiene que empresas extranjeras especializadas han realizado la descontaminación, los trabajadores aseguran que el lugar sigue contaminado y causando daños a la salud de quienes hoy operan en el sitio. “La propia Organización Mundial de la Salud dice que el Askarel tarda entre 70 a 100 años en diluirse, y el aceite todavía se siente y se huele muy fuerte en el piso y en las paredes. Sigue siendo un peligroso”, refiere Bonifacio Alcaraz, encargado de seguridad y medio ambiente en la represa Acaray II.
INCUMPLIMIENTOS. Cuando se produjo el accidente, la ANDE emitió la resolución 19.723, “por la que se declara estado de emergencia en la casa de máquinas de la Central Hidroeléctrica de Acaray II, como consecuencia de la explosión de los reactores limitadores de corriente de los generadores 3 y 4, y se autoriza la emisión de un fondo especial para solventar los gastos inherentes a la normalización del servicio”.
Sin embargo, los trabajadores afectados sostienen que hubo poca asistencia a los que resultaron contaminados. “Luego de muchos reclamos, se firmó un acuerdo en julio de 2008, entre el sindicato y los directivos de la ANDE, en el que la misma se comprometía a correr con los gastos de análisis médicos a los 17 afectados en un hospital especializado de Buenos Aires, y a realizar un plan de asistencia para la recuperación de todos los que resultaron contaminados, pero no se está cumpliendo adecuadamente”, dice Herminio Pereira, delegado de base y otro de los afectados.
Desde el principio, la Administración buscó minimizar la gravedad del accidente y evitó que se filtren informaciones a la prensa. “Al principio, nosotros mismos no dimensionamos la gravedad de lo que había sucedido, y se nos pidió que no dijéramos nada, ante las promesas de ser asistidos. Cuando empezamos a reclamar que habíamos sido contaminados, nos llamaron de locos o paranoicos.
Hace cinco años que estamos luchando para conseguir una buena atención médica. A veces vienen los toxicólogos, pero otras veces tenemos que hacer huelga para que se acuerden de nosotros”, apunta Bonifacio Alcaraz.
HUELGAS EN BUSCA DE ATENCIÓN MÉDICA
En junio pasado fue la última vez que los médicos proveídos por la ANDE les hicieron un control a los 17 trabajadores que resultaron contaminados tras la explosión de los dos reactores de la represa Acaray II, y desde entonces nada, a pesar de que la promesa fue inspeccionarlos cada tres meses.
Para adquirir los medicamentos que les recetaron, tuvieron que esperar más de tres meses para que les firmen el desembolso del subsidio. Los trabajadores tienen varias dolencias que se manifestaron tras el accidente, desde cuadros hepáticos, diabetes y picazones constantes.
Desde esta semana, los afectados anuncian la realización de nuevas medidas de fuerzas para exigir que la ANDE cumpla con el compromiso de brindarles asistencia médica. Durante dos horas al día, desde este lunes, estarán realizando una manifestación frente al portón de entrada a la represa Acaray II, en Hernandarias.
“Pedimos una cobertura integral diferenciada, y que nos den el seguro médico de la Fundación Tesãi, donde al menos hay equipos médicos más preparados para atender nuestras dolencias. Ha sido un grave accidente laboral, y la ANDE no puede desconocer su responsabilidad”, asegura Esteban Montanía.