En el Este del país están pasando cosas insólitas. Funcionarios municipales que hasta hace poco parecían mudos, ahora denuncian el atraso con el que reciben sus salarios. El mes pasado, una ciudadanía bastante reacia a protestar en las calles se juntó en manifestaciones multitudinarias contra Sandra McLeod. Hasta los taxistas, que antes la apoyaban, hicieron una larga caravana por el centro de Ciudad del Este.
Un gran sector de los comerciantes la trató de “dictadora” por declarar un asueto municipal que perjudicaba sus ventas. Esto hubiera sido inaudito unos años atrás. Hace unos días, un grupo de pobladores esteños fue hasta Santa Rita, donde Horacio Cartes participaba en un acto oficial, para pedirle que deje de apoyarla.
Los empresarios del transporte se encuentran en paro indefinido por desacuerdos con la intendenta municipal. Fueron apoyados por otro grupo de ciudadanos que realizaron una sentata exigiendo transparencia.
Esto es novedoso solo porque ocurre en Ciudad del Este, donde una de las familias políticas más poderosas del país, el clan Zacarías McLeod, implantó su hegemonía sin discusión desde hace una década y media. Desde el Parlamento, la Gobernación y la Intendencia impusieron no solo el control político y electoral de la zona, sino también el blindaje frente a los intentos de investigación del Tribunal de Cuentas y la Contraloría General de la República.
Son acusados ahora de mal desempeño en sus funciones, lesión de confianza, obras pagadas y no ejecutadas, resoluciones falsificadas, licitaciones amañadas, sobrefacturación del almuerzo escolar con los recursos de Fonacide, falta de respuestas a pedidos de informes, emisión irregular de bonos, despidos injustificados y pedidos de coimas, entre otras muchas irregularidades.
Todo empezó a cambiar con la inédita crisis económica que soporta esa región fronteriza. El viejo modelo de la falsificación, el contrabando y la extorsión dejó de ser tan rentable. Sandra McLeod volvió a ganar en diciembre, en medio de polémicas, pero con una Junta Municipal que ya no le era fiel ni obediente.
Entonces ocurrió lo impensable: una mayoría de concejales decidió solicitar la intervención del Municipio. Este hecho y la creciente movilización de la gente en las calles abren una grieta de dimensiones desconocidas en la coraza defensiva que supo construir el clan contra los reclamos de información transparente.
La Cámara de Diputados tiene ahora la palabra. Tantos años de opacidad ocasionaron este malhumor social y político, del que hay que tomar nota. Por el bien de Ciudad del Este deberían abrirse las puertas para una investigación seria e imparcial.
