El secretario general de AI en Canadá, Alex Neve, quien en septiembre viajó a Guatemala para reunirse con organizaciones de derechos humanos, empresarios y representantes del Gobierno de Guatemala y tratar la problemática minera del país, dijo a Efe que Canadá tiene gran parte de responsabilidad.
“Cuando el Gobierno canadiense se niega a tomar medidas para asegurar que las compañías canadienses no contribuyen o se benefician de las violaciones de derechos humanos, se convierte en parte del problema”, declaró Neve.
“Desde hace años, son muy claras las medidas a tomar para mejorar las leyes y políticas canadienses en este área, y el Gobierno (del primer ministro Stephen Harper) ha tomado una decisión deliberada de no hacerlo. Eso tiene consecuencias y Guatemala demuestra cuáles son las consecuencias” añadió.
En el informe “La minería en Guatemala: derechos en peligro” dado a conocer por Amnistía Internacional en septiembre de este año, la organización humanitaria internacional destacó la explosión de conflictos y violencia que ha experimentado el país centroamericano en los últimos años con la llegada de compañías mineras.
“Los líderes comunitarios que protestan contra la minería son a menudo objeto de amenazas, actos de intimidación y ataques. En la mayoría de los casos, los autores no han sido perseguidos”, señaló el informe.
AI no es la única organización que ha destacado la relación entre las operaciones mineras en Guatemala, muchas de ellas operadas por compañías canadienses, y la violencia.
En un informe de la ONU de 2011 se indica que la minería “ha generado una atmósfera altamente inestable de conflicto social que está teniendo un grave impacto en los derechos de los indígenas y amenaza la gobernación del país y su desarrollo económico”.
El informe de AI destaca casos como el de la mina Marlín, en las localidades de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa que opera el gigante canadiense Goldcorp a través de una subsidiaria.
Desde 2005, varios activistas han sido tiroteados, causando la muerte a uno de ellos, durante protestas contra la operación de la mina o por sus actividades de oposición.
El caso de la mina Marlín y otros por todo el país son muestra de una pauta que se ha generalizado en Guatemala y no casos aislados, explicó Neve.
“Lo que está pasando en Guatemala es muy grave” explicó el secretario general de AI.
“La razón por la que preparamos el informe fue el número de denuncias que recibimos, ya sea en Canadá o en nuestras oficinas internacionales, sobre violaciones de derechos humanos que demostró que no estábamos frente a casos aislados sino a una preocupante pauta nacional que teníamos que estudiar detenidamente”, añadió.
Neve dijo que las violaciones de derechos humanos que se dan en Guatemala son responsabilidad de tres partes: las empresas, el Gobierno de Guatemala y el Gobierno del primer ministro canadiense, Stephen Harper.
“AI ha dicho desde hace tiempo que los gobiernos tienen que poner en marcha regulaciones significativas respaldadas por su cumplimiento para asegurar que cuando sus compañías operan en el exterior, cumplan las obligaciones de derechos humanos. Desgraciadamente el Gobierno canadiense se ha negado a hacerlo”.
Neve recordó que hace cuatro años, un panel compuesto por organizaciones de derechos humanos y empresariales propusieron una serie de medidas a Harper que incluían mecanismos para garantizar su cumplimiento.
“Desgraciadamente, el Gobierno de Harper lo rechazó y dejó muy claro que prefería medidas voluntarias. Cuatro años después, las políticas del Gobierno canadiense han sido un absoluto fracaso”, señaló.
“Hay varias compañías canadienses que han estado operando en circunstancias en las que sus operaciones o han contribuido de forma indirecta a violaciones de derechos humanos o de alguna forma se han beneficiado de las violaciones” continuó Neve.
“Eso no debería pasar. Si tuviésemos leyes en Canadá más fuertes y significativas, no estaríamos viendo el tipo de violaciones que vemos en Guatemala”, añadió.
