La avenida Laguna Grande, más conocida como Acceso Este a la capital, es una clara muestra de la burocracia y la improvisación que existe hasta ahora en el país para la concreción de las obras públicas. Es que ya pasaron ocho años y varias administraciones –desde su diseño hasta su ejecución–, pero hasta hoy no concluye.
La vía de apenas 13 km, que unirá San Lorenzo con Asunción, lleva un tiempo récord para su finalización y recién registra un avance del 80%. Esperan terminarla en octubre, según datos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Todo comenzó en el 2009, cuando el abogado Roberto Eudes González era titular del MOPC y fue quien firmó el contrato con la firma Consultora Electroconsult del Paraguay SA para la elaboración del diseño de la avenida, por G. 3.734 millones. La entrega del diseño se realizó en el 2011, bajo la administración de Efraín Alegre, que a su vez aprobó el proyecto en el 2012.
Sin embargo, recién a comienzos del 2014, bajo la administración del actual ministro, Ramón Jiménez Gaona, se licitaron las obras. El proyecto se adjudicó rápidamente ese mismo año al Consorcio Asunción SA y Asociados (EDB Construcciones SA) por G. 127.166 millones.
La intención del MOPC fue comenzar las obras a finales del 2014, pero surgieron varios problemas. En ese momento, la propia contratista afirmó que se encontraron con “un diseño que planteó una serie de dificultades que podrían tornar impracticable la obra si no se procede a una modificación”, según aseveró a ÚH en su momento Enrique Díaz Benza, representante del consorcio.
Además, afirmó que el tramo presentaba ocupaciones ya instaladas, construcciones, torres de alta tensión de la ANDE que debían ser trasladadas y la ejecución de una serie de obras hidráulicas para encauzar los arroyos que, en varios puntos, cortaba el trazado.
En febrero del 2015 –cuando los trabajos ya no podían avanzar por los imprevistos–, Obras Públicas culpó a Electroconsult por el diseño que supuestamente fue deficiente. El proyecto original tuvo que ser mejorado por la fiscalización, lo que causó hasta ahora un encarecimiento del 20% que permite la ley.
“Ni siquiera estaba registrado el problema de desagües, al cual se puede enfrentar la obra, y esto no será el único problema que vamos a afrontar, debido a que la ciudad se tiró encima de los cauces”, expresó en aquel entonces Jiménez Gaona durante un recorrido por el tramo en cuestión.
Además, en ese momento, el ministro se dio cuenta de que el proyecto vial iba a requerir de obras cloacales, ya que los desechos sanitarios estaban al aire libre en la zona. Electroconsult explicó que no fue contratada para elaborar el proyecto de la red cloacal, es decir, nunca se previó esa parte en el proyecto.
Por este motivo, el MOPC tuvo que realizar otra licitación para las obras sanitarias, pues de lo contrario, no podía avanzar con las obras de la avenida. Es así que las obras sanitarias se adjudicaron a finales del 2015 al consorcio Paso de Patria, integrado por TR Construcciones SA y Sociedad Constructora Chaco SA, que presentó una oferta de G. 34.888 millones (USD 6,3 millones).
Por otro lado, las obras del Acceso Este se adjudicaron por G. 127.166 millones a EDB en el 2014 (USD 23 millones al cambio actual), pero el costo se incrementó a G. 152.166 millones (USD 27,6 millones); es decir, G. 25.000 millones más (USD 4,6 millones), principalmente, por obras hidráulicas que no se previeron.