EFE
Tras un año sin avances en la investigación por la muerte de Alberto Nisman, Casal celebra el giro radical que ha supuesto la decisión del presidente argentino, Mauricio Macri, de desclasificar los archivos referidos al caso y autorizar a declarar a los agentes de inteligencia, y por el desplazamiento de la fiscal que llevó el proceso, Viviana Fein.
Nisman, fiscal especial que investigaba el atentado contra la mutual judía AMIA -el mayor perpetrado en Argentina-, fue encontrado con un disparo en la cabeza en el baño de su casa, en el barrio de Puerto Madero, en la capital argentina, en vísperas de acudir al Congreso para detallar una denuncia contra la entonces presidenta, Cristina Fernández.
En la denuncia, Nisman acusaba a Fernández por el presunto encubrimiento a los autores iraníes del ataque en virtud de un memorándum de entendimiento firmado con Irán.
La investigación, errática y por momentos rocambolesca, se inclinó por la hipótesis del suicidio, pero Casal asegura que la querella tiene pruebas de que Nisman fue reducido y asesinado en una operación en la que participaron una o dos personas.
“Se trató de una maniobra planificada y ejecutada con la eficacia y complejidad propia de profesionales en la materia”, continúa Casal, “lo que nos lleva directamente a sospechar de personas de inteligencia, tanto nacionales como internacionales”.
“Son los únicos con capacidad para hacer las cosas como ocurrieron”, insiste el abogado, quien admite que eran muchos los “intereses” para que Nisman no siguiera con la investigación de la pista iraní en la masacre de la AMIA.
Detrás de la muerte del fiscal, dice Casal, está el memorándum de entendimiento que firmó Fernández con Irán, pero no por su contenido sino “por lo que había detrás”, que apunta, podría tratarse de negociaciones relacionadas con petróleo, temas de política internacional o incluso “impunidad económica en relación a fondos que se sospecha que la familia Kirchner tuvo depositados en Teherán”.
Además, asegura en la entrevista con Efe, “detrás del memorándum hay un mecanismo para liberar de responsabilidad a los miembros del gobierno iraní que la investigación de Nisman marcaba como responsables del atentado a la AMIA”.
“Ningún otro tema preocupó tanto a la expresidenta como todas las cuestiones relacionadas con la validez de este acuerdo”, subraya Casal, quien denuncia un intento de obstrucción permanente de la investigación por parte del Ejecutivo de Fernández.
La actitud del Gobierno kirchnerista y la incapacidad de la fiscal Fein por avanzar en la investigación han mantenido el caso prácticamente bloqueado durante un año, pero Casal se muestra optimista.
El compromiso expresado por Macri y el desplazamiento de la fiscal Fein son, opina, decisivos para llegar a la verdad.
Según Casal, Fein trató la muerte de Nisman como se aborda un robo en la calle y en un año avanzó menos de lo que ha logrado en un solo día la jueza que ha tomado las riendas de la investigación, Fabiana Palmaghini.
La jueza ha citado a declarar a dos agentes de inteligencia cuyos testimonios pueden ser claves: Jaime Stiuoso, presumiblemente en EE.UU. y reclamado por el Gobierno de Fernández, y el “Moro Rodríguez”, que se encuentra ahora en España y que fue quien presentó a Nisman y Diego Lagomarsino, el informático que, supuestamente, le prestó la pistola que acabó con su vida.
Lagomarsino tiene nuevos motivos para preocuparse. Su testimonio, basado en que prestó al fiscal el arma para la protección de sus hijas, es “pueril e inverosímil”, explica Casal, especialmente considerando que las hijas de Nisman no se encontraban en el país.
Casal no descarta, que al igual que ha ocurrido con el caso AMIA -con una causa paralela abierta por el encubrimiento en la investigación-, el caso Nisman termine con otro juicio sobre los despropósitos del proceso.
Un proceso que comenzó con la policía contaminando la escena y que pasó por alto una prueba clave: en las manos del fiscal no había restos de pólvora.
“Está acreditado. Nisman no disparó el arma. Alguien lo hizo”, concluye Casal.
