García, quien juró ayer como contralor, tras ser designado el martes mediante un pacto entre colorados cartistas y la izquierda, fue implicado en la investigación fiscal ya que siendo procurador envió una nota a la firma El Algarrobal, cuyo propietario era el actual senador oviedista Jorge Oviedo Matto, y el apoderado era Roberto Pires Torres, primo del legislador.
Según refieren los antecedentes del caso, las tierras ubicadas en el lugar conocido como Puerto Colón, Depto. de Pdte. Hayes, que eran objeto de expropiación para su devolución a la comunidad Yakye Axa del pueblo Enxet, tenían un precio excesivo y aun así la operación tuvo la aprobación del entonces presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Óscar Ayala y el entonces procurador García.
En principio, el precio por la propiedad había sido de G. 22.584 millones, según el avalúo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), pero finalmente se habría pagado G. 35.053 millones, 55% más del costo inicial, que finalmente se abonó por la propiedad, conforme consta en el contrato de compraventa.
El 23 de diciembre de 2011, bajo la presidencia de Ayala, el Indi firmó el contrato de compraventa con la empresa El Algarrobal SA.
Ayala había explicado que efectivamente la propiedad adquirida de El Algarrobal SA benefició al senador oviedista, pero señaló que la compra fue para cumplir con el fallo de 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de las comunidades Yakye Axa y Kelyenmagategma.
Aclaró que en realidad la autorización del nuevo precio la dieron todos los integrantes de la Comisión Interinstitucional responsable de la ejecución de las acciones necesarias para el cumplimiento de las sentencias internacionales (Cicsi), liderada por el entonces procurador García.
Se defendió. García expresó a través de Monumental AM 1080 que la decisión de la Procuraduría se basó en dictámenes y que en ese entonces se había conformado una comisión especial que trabajaba en el cumplimiento de las condenas internacionales que pesaban sobre Paraguay,
En este sentido, criticó que el caso no se haya resuelto hace tiempo, ya sea con una desestimación o mediante un proceso. “Estas cosas se quedan en el tintero para que cuando se precipite un hecho de naturaleza política y se pueda vincular reviviendo los muertos del armario, no le va a servir a nadie”, finalizó.
En cuanto al caso de la Municipalidad de Asunción, donde se desempeñaba como asesor jurídico, mencionó que los letrados que enfrenten procesos contra instituciones del Estado y salgan victoriosos solo percibirán el 50% de lo que les corresponde.
Un grupo de abogados de la empresa Ivesur demandó a la Comuna con relación a sus honorarios, es decir por incumplimiento de contrato.
“Vayan a la Corte y resuelvan”, les dijo García a los abogados.