BUENOS AIRES - ARGENTINA
El Tesoro argentino aseguró ayer que la ex presidenta Cristina Fernández (2007-2015) debe dejar de percibir una de las dos pensiones que cobra como jubilada y como viuda del ex mandatario Néstor Kirchner, fallecido en 2010.
“Hemos propuesto la suspensión de la percepción de la segunda pensión” (la de jubilación, que recibe desde que dejó de ser jefa del Ejecutivo en diciembre), por lo que la ex presidenta recibiría una sola”, apuntó el procurador general del Tesoro Nacional, Carlos Balbín.
En declaraciones a radio Belgrano, Balbín anunció que en su dictamen emitido la pasada semana, pidió también que Fernández devuelva aquello que percibió de más en los últimos 10 meses.
Cristina percibe hasta el momento una pensión como ex presidenta equivalente a unos 188.500 pesos mensuales y, desde la muerte de su esposo, un beneficio que ronda los 143.500 pesos como heredera de Néstor Kirchner. Ambas pensiones totalizan unos 332.000 pesos, que se reducen a algo más de 210.000, tras los descuentos por el impuesto a las ganancias y otras deducciones.
Puede hacerlo voluntariamente y si no es así, el Estado iniciará acciones judiciales para recuperar dicho dinero.
La interpretación del procurador es que Fernández cobra una jubilación por un régimen especial de privilegio que solo comprende a ex presidentes y ex ministros de la Corte Suprema y que “prohíbe que cualquiera de ellos reciba dos pensiones”.
“Si ella no tuviese bienes en su patrimonio, ese monto es irrecuperable”, agregó antes de aclarar que si esa eventual irregularidad sucede, a quien le corresponde juzgarla es al juez a cargo del proceso penal. El dictamen de Balbín no es todavía definitivo, ya que la obligación del presidente del Gobierno, Mauricio Macri, es solo la de escucharlo y si no coincide con su opinión, deberá explicar sus razones para no poner en marcha la paralización de una pensión de Fernández.
AMPLIACIÓN. La semana pasada la Fiscalía amplió la acusación contra la ex presidenta en la causa que investiga presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas durante el kirchnerismo, confirmaron los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques que presentaron un dictamen ante el juez Julián Ercolini.