La Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley de rehabilitación financiera para pequeños productores.
Un proyecto políticamente muy atractivo en tiempos electorales, pero inviable tanto desde el punto de vista económico-financiero así como desde la posibilidad de su implementación práctica.
Aprobaron un subsidio para cancelación de deudas cuyo monto puede llegar hasta unos G. 51 millones como máximo por productor y las organizaciones campesinas hablan de unos 17.000 productores. Se desconoce quiénes son así como el monto de la deuda de cada uno.
Cualesquiera sean los criterios de elegibilidad, la cantidad de beneficiarios puede ser sustancialmente mayor a lo estimado por los proponentes del proyecto de ley.
Por lo tanto, el costo total no está claramente determinado y, cualquiera sea el costo, el Tesoro Público no dispone de los recursos para financiarlo. Tendrá que emitir más bonos soberanos e incumplir el límite de déficit fijado en la Ley de Responsabilidad Fiscal vigente.
Además, al no contar con un censo o una base de datos confiable por parte de las instituciones públicas responsables, la verificación de las condiciones de elegibilidad de los beneficiarios potenciales será un proceso altamente engorroso que llevará mucho tiempo y que seguro estará contaminado política y electoralmente.
Ambos factores hacen que el proyecto tenga poca viabilidad de implementación práctica.
Por otro lado, un subsidio de estas características tampoco cambiará las condiciones estructurales de falta de competitividad que tiene la pequeña agricultura. Por lo tanto, el problema de fondo no será resuelto.
Un pequeño productor agrícola es un pequeño empresario que necesita tener conocimientos básicos de agronomía, de variedades de semillas, de manejo de suelos, de cultivos; conocer el mercado de productos agropecuarios, las fluctuaciones de demanda y de los precios, las mejores formas de comercialización; tener conocimientos de finanzas, costos de producción, etc.
Un pequeño productor con estos conocimientos y con las habilidades empresariales necesarias encontrará aquellos rubros más rentables, producirlos con la mejor tecnología disponible, comercializarlos en los mercados más prometedores y obtener una adecuada rentabilidad.
Pero solo una ínfima parte de los pequeños productores en nuestro país tienen estas competencias.
Por lo tanto, la pequeña agricultura necesita una política de desarrollo que considere estas realidades creando mecanismos que resuelvan las debilidades que tienen los productores, las complementen, dejando en manos de ellos inicialmente solo aquellas actividades para las cuales estén preparados y capacitarlos para convertirlos en pequeños empresarios agrícolas a través del tiempo.
El desarrollo de mercados, la selección de rubros y variedades de semillas, la comercialización, todas las actividades más complejas, necesariamente deben ser proveídos por un tercero con los conocimientos e incentivos adecuados para hacerlo eficientemente.
No tengo claridad respecto a cuál sea la mejor organización para proveer estos servicios a los productores. Tal vez sea una institución pública autónoma que se dedique exclusivamente a proveer estos servicios. Tal vez sea la formación de cooperativas que funcionen bajo tutelaje de las cooperativas más organizadas con apoyo financiero estatal. Necesitamos innovar en este ámbito, reformar muchas instituciones (MAG, CAH, Indert, etc.) y buscar nuevas herramientas para implementar un proyecto exitoso.
Una política de desarrollo de la pequeña agricultura probablemente requiera un componente de subsidio, dado que el tamaño de las fincas difícilmente pueda permitirle a sus propietarios generar los ingresos suficientes para tener una vida digna con su familia. Lo importante es que este subsidio genere incentivos para trabajar y de ser más eficientes en la producción.
Finalmente, debemos encarar de manera seria y responsable el diseño e implementación de una política pública con perspectiva de largo plazo que sea efectiva en solucionar los problemas de fondo para que los pequeños productores y sus familias puedan acceder a mejores niveles de vida y bienestar. Un subsidio de estas características no es la solución.