Toda la ciudadanía está invitada a participar el próximo martes, de manera virtual, a la Jornada de Memoria Histórica en que se rendirá homenaje a los muertos y desaparecidos de la dictadura stronista. Además, se hablará de la ocurrido en el caso Caaguazú.
El acto se iniciará a las 18.00 con un ritual encendido de velas, para posteriormente hablar sobre el contexto histórico, y sobre lo que sucedió el 8 de marzo de 1980 y la actual búsqueda de las víctimas del caso Caaguazú.
Según los testimonios de los sobrevivientes, 10 campesinos fueron asesinados de manera violenta, algunos de ellos capturados vivos y posteriormente degollados con machetes.
La lista de asesinados es la siguiente: Gumercindo Brítez, Estanislao Sotelo, Mario Ruiz Díaz, Secundino Segovia Brítez, Feliciano Verdún, Reinaldo Gutiérrez, Concepción González, Fulgencio Castillo Uliambre, Federico Gutiérrez y Adolfo César Brítez.
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Diversos indicios apuntan a que todos ellos fueron enterrados en una fosa común, en la zona de San Antoniomí, en las afueras de la ciudad de Caaguazú, pero la ubicación exacta del lugar no ha podido ser determinada.
Tras la caída de la dictadura, el entonces legislador liberal Francisco “Pancho” José de Vargas, padre del ex ministro del Interior Francisco de Vargas, dirigió varias excavaciones en la zona en busca de las víctimas del caso Caaguazú, pero nunca pudieron hallar los restos.
El actual director de Memoria Histórica del Ministerio de Justicia, el médico Rogelio Goiburú, también continúa en búsqueda de los restos de los campesinos de Caaguazú, pero hasta ahora no ha podido hallar pistas concretas que permitan ubicar el lugar exacto en que fueron enterrados.
Pronunciamiento contra críticas a informe de Verdad y Justicia
Ante el desconocimiento o menosprecio de algunos dirigentes políticos nacionales sobre la misión cumplida por la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), los atributos de que estaba investida y el valor de los documentos que ha producido, la Mesa Memoria Histórica y Archivos de la Represión 1954-1989, fue emitido un pronunciamiento.
En el pronunciamiento se recuerda que la CVJ fue creada por Ley 2225/03 para investigar los hechos violatorios de los derechos humanos ocurridos en nuestro país desde 1954 hasta 2003.
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Asimismo, menciona que la comisión tenía un carácter oficial y estaba integrada por nueve miembros, uno del Poder Legislativo y otro del Poder Ejecutivo, más siete seleccionados por la Mesa en concursos públicos, resultando electos tres representantes de la sociedad civil organizada y cuatro de las organizaciones de víctimas de la dictadura.
Además, destaca que el Gobierno reconoció la responsabilidad del Estado en todas las violaciones de los derechos humanos denunciados en el informe final, pidió perdón a las víctimas de tales violaciones, y posteriormente declaró de “interés general el Informe de la CVJ, su divulgación y la implementación de las recomendaciones formuladas”.
“Ante el actual rebrote del autoritarismo y el recrudecimiento de los despojos a campesinos e indígenas de sus tierras, por extranjeros y latifundistas, en detrimento de nuestra soberanía territorial, es urgente la implementación de las Recomendaciones de la CVJ”, insiste la Mesa.