Una gran cantidad de vehículos marcharon por la Costanera de Asunción y por varias calles del microcentro capitalino para repudiar la corrupción generalizada en el marco de la pandemia del (Covid-19), como así también para exigir insumos para el personal de Salud.
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Asimismo, diferentes grupos, como las centrales obreras, manifestaron su oposición a la reforma del Estado, que está siendo liderada por la resistida figura del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Esto, ante la cantidad de nuevos desempleados que se sumarían a los trabajadores cesados a causa de la pandemia.
Entre otros puntos, se reiteró el rechazo a la utilización de los fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS), cuyo proyecto ya se retiró luego de una caravana realizada por jubilados y asegurados.
Así también, se rechaza un nuevo endeudamiento de la Itaipú Binacional o la privatización del Ministerio de Salud y la Administración Nacional de Electricidad ().
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De la misma manera, se exige una inmediata intervención del Estado para evitar el desempleo, el hambre y propiciar un salvataje económico para las micro, pequeñas y medianas empresas.
Pese a la ayuda de personal de Tránsito de la Municipalidad de Asunción y de la Policía Nacional, se registró un gran embotellamiento en la Costanera de Asunción.
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En la caravana participaron organizaciones civiles, centrales sindicales de trabajadores y ciudadanos en general.
La movilización se realizó en diferentes ciudades del país, como Ciudad del Este, Caazapá, Capiatá y Asunción, entre otras, con las recomendaciones de no bajarse de los autos, por miedo a nuevas imputaciones contra manifestantes, como ya ocurrió en una primera caravana contra la líder de la , Esther Roa, y otros ciudadanos.
Esther Roa expresó a Última Hora que un sector de la sociedad civil se sumó a la caravana para repudiar la corrupción y la impunidad y que en ese contexto presentaron una interpelación a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que había declarado al año 2020 como el de la lucha contra la corrupción y la impunidad, pero sin dar a conocer el mecanismo para cumplir con la declaración.
Roa contó que pidieron un informe al Juzgado de Ejecución para demostrar que en Paraguay la corrupción pública no se castiga.
Finalmente, sostuvo que el Ministerio Público está tomado por la clase política y que si no se recupera, se tendrán nulos resultados.