Presupuesto requiere reformas estructurales

El Presupuesto Público muestra problemas serios que impiden cumplir con su principal rol, que es el de garantizar los derechos de la ciudadanía y crear las condiciones para un crecimiento sostenible. El alto peso relativo de gastos en recursos humanos sin carrera del servicio civil, una Caja Fiscal deficitaria, el rápido endeudamiento y un sistema tributario que recauda poco e inequitativamente confluyen en un Presupuesto ineficaz y sin visos de solución. Las autoridades económicas y políticas deben plantear alternativas y un mecanismo de diálogo abierto y transparente que rompa con la inercia que posterga soluciones concertadas y estructurales.

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El Presupuesto, tal como está, destina una gran proporción de fondos a , lo cual no sería un problema si estos cumplieran a cabalidad con su rol. Otra parte importante y en aumento va a pagar compromisos de deuda que financiaron obras y que debieran estar generando valor y retorno para garantizar su propio financiamiento. Finalmente, una tercera parte no menos relevante cubre el déficit de la Caja Fiscal.

Por el lado del financiamiento la situación no es mejor. La presión tributaria sigue sin modificarse, mientras que la deuda aumentó y la infraestructura generada al parecer no está permitiendo el repago. Desde hace una década se viene prometiendo la reducción de la evasión; sin embargo, al parecer sus efectos han sido mínimos.

El país enfrenta un grave problema, ya que se requieren todavía más recursos para fortalecer el capital humano en un contexto de bono demográfico y bajo nivel educativo y sanitario de la población.

El mayor peso presupuestario de los recursos está en áreas sumamente sensibles para la población, como son las de salud, educación y seguridad. No solo faltan docentes, personal de blanco y de seguridad si consideramos amplias zonas del país desatendidas, sino que además en general tienen bajos niveles de remuneración.

Sin embargo, la solución no está en aumentar salarios o número de personas, sino fundamentalmente impulsar la carrera del servicio civil de manera que la ciudadanía vea que los recursos invertidos tienen resultados y están protegidos del clientelismo político.

Sin dar señales de mejoras sustanciales en la calidad de la atención será muy difícil lograr la confianza y aprobación ciudadana de destinar más de sus impuestos a funcionarios públicos que no están debidamente capacitados ni ejercen sus funciones con responsabilidad y compromiso.

Estos sectores son, además, los que están diariamente en contacto con la ciudadanía, por lo que no hay que desmeritar la opinión de los mismos, además de las evaluaciones que se realicen en el marco de una gestión pública basada en resultados.

El alto peso relativo de los recursos humanos se contrapone al bajo peso de la inversión en infraestructura. Esta relación no se resuelve reduciendo servicios públicos que requieren profesionales, sino aumentando los recursos para la infraestructura, incluyendo el pago de la deuda destinada a los mismos.

En este punto es imposible no referirse a la situación tributaria. Ningún país ha solucionado su déficit de infraestructura física con 10% de presión tributaria. El endeudamiento tiene sus límites ya que el mismo puede ser refinanciado hasta cierto punto, pero finalmente hay que pagarlo con impuestos.

Lo que hicieron los últimos gobiernos fue irresponsable, ya que impulsaron obras que no tenían financiamiento genuino y que hasta ahora no están generando el retorno para contribuir a su pago. Transfirieron el pago a gestiones de gobierno y generaciones futuras, con el objetivo de ganar rédito político en el presente. Además de un problema de equidad intergeneracional, también hay un dilema ético.

Ni estas autoridades pueden concluir su gestión sin avanzar en los cambios necesarios, ni el próximo puede iniciar sin una propuesta de reforma.

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