El escándalo de mentiras y exhibición de ignorancia del diputado liberal Carlos Portillo ha sido una gota más de desprestigio para nuestro ya desacreditado Congreso.
Realmente, es preocupante la tendencia que estamos viendo desde la recuperación de nuestra democracia en el año 1989, donde elección tras elección estamos escogiendo a peores representantes, tanto en el aspecto intelectual, como en el ético y el moral.
Es más preocupante aún, cuando vemos que nuestra actual Constitución promulgada en 1992 con el objetivo de evitar una nueva dictadura como la de Stroessner, le confirió al Congreso los más amplios poderes.
El resultado ha sido tener hoy un Congreso todopoderoso e integrado por cada vez peores representantes.
Para mucha gente que defiende la democracia, esta situación la deja desconcertada. Porque por un lado no quiere desprestigiar a una institución tan importante como el Congreso, pero al mismo tiempo no quiere defender a la mayoría de sus integrantes.
No se puede desprestigiar a la institución del Congreso, porque ella es imprescindible como caja de resonancia de las disputas entre los diferentes intereses y las diversas ideas sociales y políticas.
Justamente por ser tan importante, es fundamental que esté integrado por las mentes más lúcidas y por los principales líderes políticos del país.
Lamentablemente, a veces eso no ocurre y lo integran personajes pintorescos o deplorables, como el diputado Portillo.
Pero eso ocurre en la mayoría de las democracias del mundo y, como ejemplo, tenemos al payaso Tiririca, un analfabeto funcional, que fue el diputado más votado en las elecciones del 2010 en el Brasil; o a la actriz pornográfica Cicciolina, que fue elegida diputada del Parlamento italiano en 1987.
Pero eso es anecdótico, lo importante es tener una élite política de gran calidad intelectual y moral que lidere los asuntos debatidos en el Congreso.
Eso es lo que nos falta a nosotros y la causa de nuestra tan mala calidad de parlamentarios se debe a errores en el diseño de nuestra actual Constitución.
La primera causa es el artículo 197, inciso 8, que dice que son inhábiles para ser candidato a senador o diputado, las personas que se presenten a “candidaturas a presidente o vicepresidente”.
Este artículo constitucional hizo que desde 1992 los verdaderos líderes políticos, que generalmente diputaban la candidatura a presidente o vicepresidente en las nacionales o en las internas de sus respectivos partidos, se quedaran definitivamente fuera del Congreso al no ganar la elección presidencial.
Por citar algunos, Guillermo Caballero Vargas, del Encuentro Nacional; Pedro Fadul, de Patria Querida; Luis María Argaña y Javier Zacarías Irún, del Partido Colorado; Domingo Laíno y Efraín Alegre, del Partido Liberal; y Lino Oviedo, de Unace, han sido importantes líderes de sus partidos o movimientos y han conseguido que un gran número de sus partidarios llegaran al Congreso, pero... ellos no.
La segunda causa es el artículo 118 de nuestra Constitución, que obliga al voto directo en las internas de los partidos políticos.
Esta cláusula ha encarecido tremendamente el sistema de elección interna de los candidatos, lo que hizo que solamente los millonarios o los que logran recaudar grandes sumas de dinero puedan tener chances de competir y ganar.
El ejemplo más triste de este sistema ha sido la estrepitosa derrota electoral en la década de los noventa, de ese gran republicano que fue Waldino Ramón Lovera, una persona brillante y ética como pocos.
Por todo lo expuesto es urgente la modificación de estos artículos constitucionales, si queremos tener un Congreso de mejor calidad, que a su vez es la base para el desarrollo en democracia de nuestro país.
Porque la actual situación ya es inaguantable.