El hecho fue resaltado ayer por el propio presidente de la Junta Municipal, concejal Nenecho Rodríguez, quien señaló que esa norma fue sancionada pero no remitida a la intendencia precisamente por el pedido de dinero de empleados tanto de la corporación como de la intendencia para la aprobación de los documentos.
“Queríamos pillar in fraganti a estos funcionarios desleales con una cámara oculta. Pero al salir a la luz esas denuncias, eso ya es imposible. Han pedido hasta USD 5.000 para aprobar los planos”, resaltó el edil.
El concejal Federico Franco Troche informó que actualmente se tienen 6.000 expedientes de planos que se encuentran pendientes de aprobación.
El pleno resolvió también que se abra una investigación y se realice una difusión a través de los medios de comunicación de los alcances de esa ordenanza.
El edil Augusto Wagner pidió extender ese beneficio al 31 de marzo del 2020.