El pedido de informe, aprobado por la Cámara de Diputados, fue motivado por una inquietud de las autoridades de estos distritos, que obedece a una histórica disputa territorial entre estos municipios, que lleva más de 30 años.
Mencionan que están en conflicto 500 hectáreas y alrededor de G. 5.000 millones en recaudación de impuestos.
Los barrios afectados son 23 de Octubre, Santa Ana, San Roque y Fátima Sur, ubicados en zona fronteriza.
La preocupación de los intendentes se reavivó luego de que se retirara de la línea imaginaria limítrofe un mojón que marcaba la frontera, por parte de obreros de la comuna esteña que estaban construyendo un empedrado.
La Municipalidad de Franco incluso presentó una denuncia ante la Fiscalía.
En octubre del 2017 el concejal municipal César Benítez presentó una minuta planteando la realización de una mensura judicial respetando lo establecido en la Ley 776/79. La intención del edil era una compensación para ambas partes y dar solución al diferendo; sin embargo, nunca pasó nada. Los responsables de la capital departamental consideran que se debe tratar en la Cámara de Diputados.