No creo que haya un solo aportante que este en contra de la creación de una institución que controle fehacientemente el uso de los recursos jubilatorios. La jubilación, después de una vida laboral activa de 30 o 40 años, es un derecho incuestionable, pero ante los conocidos casos de malversación y desvío de millonarios recursos de los aportantes, es fundamental que exista una instancia reguladora que garantice la sostenibilidad de las previsionales en el mediano y largo plazo.
En la actualidad, las cajas tampoco tienen buenos programas de inversión. De los USD 3.071 millones que tienen invertidos estas instituciones, un promedio del 73% está concentrado en solo tres instrumentos: Préstamos a los afiliados, depósitos bancarios y bonos de la Agencia Financiera de Desarrollo.
Esta situación, según advirtieron analistas, aumenta los riesgos de exposición por la alta concentración de las inversiones y pone en peligro los retornos seguros. Por esto, es también muy importante la existencia de la superintendencia.
Ahora bien, como casi todas las iniciativas que impulsa el Gobierno en nuestro país, la ley de pensiones no escapa a la falta de credibilidad.
En ese sentido, el proyecto que está en discusión actualmente con gremios empresariales, centrales obreras y asociaciones de jubilados, abre una ventana que genera alarmas en los afectados. El planteamiento establece que las cajas previsionales pueden ser intervenidas por la superintendencia por un plazo que puede llegar incluso a los dos años, si es que el superintendente detectase indicios de irregularidades definidas en el Título VII. En este caso, el Banco Central del Paraguay (BCP) deberá designar a un interventor de su confianza.
El problema no radica en la intervención o en los mecanismos previstos en el proyecto de ley, radica en la falta de confianza.
El interventor, que responderá al Gobierno y por ende estará sometido al color de la pañoleta de turno, tendrá la potestad de aprobar todos los planes de inversión mientras sea llevada adelante la intervención. Incluso, esta persona podrá suspender las resoluciones del Consejo de Administración. En un esquema político donde impera el clientelismo puro y los constantes abusos de poder, es evidente que se generará desconfianza en una propuesta como esta.
Esta falta de confianza podría ser resuelta con una mayor participación de los aportantes y jubilados dentro del esquema de gobernanza. Pero no. Los aportantes y jubilados, de acuerdo con el planteamiento del Ejecutivo, solo formarán parte de un consejo consultivo dentro del sistema de control, pero sus dictámenes o recomendaciones no serán vinculantes para la toma de decisiones del superintendente.
Sería bueno que el Ejecutivo no se apure para presentar este proyecto de ley y que tome apuntes de las críticas ciudadanas. Uno de los principales problemas del fracaso inicial de la ley de pensiones en 2018 fue justamente la falta de participación de los afectados.
Tener una ley que genere desconfianza y temor, no es una decisión acertada para una administración de gobierno que ya viene con varios tropiezos y un aviso de eso fue el bochornoso desenlace de la presentación oficial del proyecto ante empresarios y trabajadores.
Es importante contar con una entidad que garantice la sostenibilidad del sistema jubilatorio, pero es más importante tener la aprobación popular. Solamente una visión elitista podría creer que existe democracia sin participación.