Paraguay con desafíos pendientes en la medición de la inflación

La medición de la inflación suele estar en el debate debido a que la ciudadanía compara algunos productos consumidos y la evolución de sus precios, pero dicha evolución no corresponde al promedio de inflación señalado por la autoridad estadística. Por un lado, el problema tiene que ver con la casuística personal y las estadísticas, que, en general, pueden no coincidir. Pero, por otro lado, también es cierto que el consumo está cambiando, tanto por el lado de quienes ofrecen bienes y servicios como de quienes demandan; por lo tanto, la forma de medición también debe adaptarse, garantizando no solo rigurosidad, sino también legitimidad estadística.

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Las medidas actuales de medición de inflación están teniendo una mirada crítica desde la academia y los organismos de medición desde hace mucho por las rápidas transformaciones en las pautas de consumo y los medios de intercambio. Mientras que muchos países como Paraguay mantienen los mismos mecanismos sin cambios relevantes ni discusiones públicas que garanticen confianza ciudadana en el indicador, otros al menos están impulsando estudios y debates en torno a los cambios necesarios y sobre todo a la modernización de las formas de medición.

Los problemas que rodean la construcción de los índices de precios son variados y comprenden, entre otros, la aparición de nuevos productos, el cambio en los establecimientos en los que usualmente los consumidores adquieren los bienes y servicios, el diseño muestral, los efectos de sustitución en el consumo y el cambio de calidad.

Por ejemplo, el aumento del precio de un celular puede deberse al aumento de la calidad; por lo tanto, no es el mismo celular que el comprado el año anterior a un precio más bajo. Nuevos bienes y servicios con mejor tecnología y amigables con el ambiente podrían estar reemplazando a los antiguos. Este fenómeno está siendo cada vez más rápido y los métodos tradicionales de medición de los precios no logran captarlos.

El crecimiento de las compras a través de internet, donde los precios pueden variar con respecto a las tiendas locales, también hace que sea más complejo medir las variaciones de precios. La velocidad y variabilidad de las estrategias de precios dinámicos en la economía digital cambió radicalmente la situación respecto a años anteriores.

También impactan los ponderadores. Por un lado, los tipos de bienes y servicios que se captan y sus ponderadores pueden tener sesgos en términos de nivel socioeconómico (ricos, clase media, pobres) o área de residencia (urbano/rural/zonas fronterizas). En algunos casos, puede subestimar la inflación de alimentos y de bienes esenciales, cuyos gastos absorben la mayor proporción de los ingresos. Si gran parte de la población es pobre o vulnerable a la pobreza, estos son los precios que más importan a las personas y con los cuales comparan la evolución de la inflación.

Pero, por otro lado, puede que el índice no incorpore precios de bienes o servicios consumidos por un porcentaje bajo de la población, como la educación privada; por lo tanto, es posible que el aumento del costo de cuotas o inscripción no coincida con la evolución del índice de precios al consumidor.

Estos temas deben ser puestos a discusión por la autoridad encargada de la medición, tanto a la ciudadanía en su conjunto como a la academia. En otros países, es un debate continuo y sumamente interesante; sin embargo, en Paraguay necesitamos impulsarlo.

Un problema adicional que tiene nuestro país es el conflicto de interés en materia estadística. La misma institución que tiene el rol de controlar la inflación, una de las principales metas macroeconómicas y monetaria en particular, el Banco Central del Paraguay (BCP), es la encargada de medir. Por lo tanto, de inicio existe una condición que deslegitima o es motivo de desconfianza en la medición y eso no está bien.

Las estadísticas son un bien público; por lo tanto, su credibilidad es fundamental para la construcción de una sociedad democrática y pacífica que confía en las autoridades y en la evidencia empírica que direcciona las políticas públicas.

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