Este jueves jura Emiliano Rolón como nuevo fiscal general del Estado. En él están cifradas grandes expectativas y se espera que esta fundamental institución pueda recuperar la credibilidad tan debilitada durante la gestión de Sandra Quiñónez.
El Ministerio Público, según la Constitución Nacional, debe representar a la sociedad; y además debe velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales; promover acción penal pública para defender el patrimonio público y social, el medioambiente y otros intereses difusos, así como los derechos de los pueblos indígenas, entre otros deberes.
Además del desafío de recuperar para el cargo y para la institución la credibilidad tan necesaria, el nuevo fiscal asumirá la responsabilidad de “ordenar la casa”, tal como el mismo Rolón señaló hace unos meses en una nota enviada a la fiscala general Sandra Quiñónez. El nuevo fiscal había advertido de su intención de realizar una auditoría en la institución. En este sentido, las expectativas se centran precisamente en todos aquellos casos que no fueron investigados, o que terminaron cajoneados, la mayoría de ellos vinculados a sectores del poder político.
Al ser un órgano que representa a la sociedad, la Fiscalía debería ubicarse por encima de los intereses particulares, lo que concentró precisamente las críticas en la gestión de Quiñónez, y, en esta línea, su presunta protección al ex presidente de la República y actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, quien pese a las varias denuncias en su contra e investigaciones abiertas nunca tuvo un proceso abierto. Recordemos, por mencionar, que en el año 2019 surgió la información de que Cartes dio 500.000 dólares para una organización criminal liderada por Darío Messer; los vínculos con el cambista fueron probados pero Cartes nunca fue imputado. Tampoco lo fue tras las denuncias por lavado de dinero, declaración jurada falsa, contrabando y enriquecimiento realizadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Un tema que tiene gran significado para la ciudadanía, como el caso del fallido Metrobús, es otro de los temas que tuvieron escaso avance, y después de cuatro años citaron a los denunciados a declarar, pero la causa sigue en una Fiscalía barrial. En esta misma línea, tampoco hubo avances en el caso del diputado colorado Erico Galeano, quien –según Seprelad– está vinculado al tráfico de cigarrillos; y la causa por sobrefacturación abierta al intendente de Asunción Óscar Rodríguez sigue abierta y cajoneada. Nenecho había sido denunciado en octubre del 2021 por sobrefacturación, tras haber autorizado la compra de toallitas desinfectantes a un precio unitario de G. 259.600, detergentes desinfectantes a G. 393.800 cada uno y detergentes desinfectantes en pulverizador a G. 221.650, todo esto en plena crisis de la pandemia del Covid-19.
Todos estos casos y otros más aguardan ser investigados y esclarecidos. Casos de grave presunta corrupción y malos manejos del dinero público. Para borrar la imagen de una Fiscalía amiga de poderes políticos y económicos, se esperan los esfuerzos del nuevo fiscal general; en su gestión están puestas las expectativas ciudadanas.
El Paraguay necesita funcionarios que honren su juramento, que demuestren concretamente su compromiso con su trabajo y se comprometan también con la transparencia. El país necesita una Fiscalía que sea completamente prescindente de toda cuestión político–partidaria, que sea autónoma e independiente y sea capaz de resistir las fuertes presiones de los sectores de poder, así como del narcotráfico y del crimen organizado.