Con su decisión de sentar al histórico líder de la izquierda en el banquillo de los acusados por corrupción, el temido magistrado suma el capítulo más trascendente de una saga que empezó hace más de 3 años con la apertura de la Operación Lava Jato, un caso que recaló en su fuerte judicial de Curitiba.
Desde entonces, su estrella creció al ritmo de las escandalosas prácticas que fueron reveladas por su juzgado acerca del multimillonario fraude que desangró a la estatal Petrobras y que se convirtió en la mayor investigación sobre la corrupción en la historia.
En sus redes cayeron desde ex directivos de la petrolera hasta los dueños de las mayores constructoras del país, pasando por políticos de alto y bajo calibre en movimientos que poco a poco estrecharon el cerco sobre una de las figuras intocables de la política latinoamericana.
Moro ordenó a la policía irrumpir en la casa de Lula el 4 de marzo del 2016 para llevarlo a declarar por la fuerza en São Paulo y ese mismo mes divulgó una conversación entre el ex mandatario y su sucesora, Dilma Rousseff (2011-2016), que sugería que buscaba nombrarlo ministro para darle fueros que lo protegieran de la justicia ordinaria.
Lula juró en su nuevo cargo, pero nunca pudo asumir. La Corte Suprema lo bloqueó tras conocerse el audio, pero la legalidad de su decisión fue duramente cuestionada.
Manos Limpias. Moro nació hace 44 años en la ciudad paranaense de Maringá y allí se licenció en derecho y se convirtió en juez en 1996. Doctor y profesor universitario, completó su formación en la prestigiosa Harvard.
Admirado por muchos de sus pares, que lo definen como un juez rápido para decidir, preparado y resuelto.
Sus detractores, en cambio, lo juzgan abusivo en el uso de las prisiones preventivas y lo suficientemente politizado como para pretender anular a Lula como candidato presidencial para 2018, carrera que lidera holgadamente según todos los sondeos. “Moro instituyó la prisión preventiva como regla, cuando en cualquier país civilizado es la excepción”, criticó tiempo atrás el abogado Antonio Carlos de Almeida, defensor de varios implicados en el fraude de la petrolera estatal. AFP