Ministro correlí

La difícil tarea de liderar la “reforma de la reforma educativa” en los próximos años que le tocará a sea quien sea el próximo ministro de Educación que debe nombrar Mario Abdo, tiene un lado positivo, que deberá también saber administrar.

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El espíritu de todo un país está disconforme, pero con ansias de una mejora del nivel de la educación pública.

Una pequeña muestra de ello son los sectores como gremios docentes y estudiantes, quienes se manifestaron a favor o en contra de la supuesta designación de Eduardo Petta como titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Algo impensado en estos tiempos de transición democrática, en palabras del actual titular de esta dependencia, Raúl Aguilera.

Pasa que nunca antes tantos sectores civiles se manifestaron con rotunda decisión acerca de quién debe ocupar la silla ministerial en el edificio de 15 de Agosto y General Díaz.

“El 80% de los ministros de Educación fueron abogados”, manifestó el titular de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Silvio Piris, mostrándose a favor de la figura de Eduardo Petta para la cartera.

Lo que no tuvo en cuenta es que quizás este mismo dato explique por qué estamos como estamos en la materia.

Tal vez porque siempre primó mucho más el factor político partidario a la hora de elegir ministros y a quienes les rodean en su gabinete. Todos, eso sí, coinciden en que prefieren a alguien que haya pasado por las aulas o, en todo caso, que conozca la realidad del sector.

Considerando el desafío del cambio, lo principal no es solo mejorar la calidad.

Uno de los objetivos de la propuesta Educación 2030 de la Unesco, compromiso también de Paraguay, es garantizar esta educación de calidad para todos, con mayor esfuerzo para aquellos excluidos.

En el territorio nacional, como sucede en toda la región, hay cientos de miles de niños, niñas y adolescentes en edad escolar que son expulsados del sistema escolar por situaciones económicas, de género, diferencias raciales o discapacidad.

Un estudio de Investigación para el Desarrollo (ID), con base en la Encuesta Permanente de Hogares (2017), indica que 106.596 chicos de 13 a 17 años fueron expulsados de las aulas. El principal motivo es el económico. Dejan de ir a la escuela porque sus familias no cuentan con recursos.

Abandonan las salas de clase porque no hay un mínimo esfuerzo por lograr la inclusión. Son expulsados porque son diferentes.

Esperemos que el próximo ministro tenga en cuenta estas cifras y no acepte el cargo por el solo hecho de ser correlí.

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