Así lo anunció ayer el presidente de la Previsional, Beningo López, quien lamentó que este tipo de prácticas sigan repitiéndose, pese al control que realiza esta administración para que los funcionarios cumplan con sus obligaciones.
“Estamos tomando medidas, pero no solo con ella en especial (Perla Paredes), sino en general, porque nosotros impulsamos una política seria de control de asistencia de todo el personal de IPS”, manifestó López.
En cuanto a los trabajos que se realizan para controlar el planillerismo, el titular del IPS resaltó que actualmente hay más de 1.000 sumarios en curso y que se tiene una pesada carga investigativa en cuanto a toda ausencia injustificada de funcionarios.
En el marco de estas acciones, impulsadas entre el 2015 y 2016, cerca de 85 fueron finalizados con despido, unos 250 funcionarios presentaron renuncia, mientras que 300 contratos no fueron renovados tras esta práctica.
¿CuÁles son las irregularidades más frecuentes? Según Andreas Hollan, asesor jurídico de la Previsional, la mayoría de las personas que recurrían a marcar asistencia sin llegar siquiera hasta su puesto de trabajo eran administrativos, un número importante trabajaba en hospitales, como médicos o personal de blanco. En otros casos, el médico marcaba entrada laboral en el Instituto, pero abandonaba su puesto para atender a otros pacientes en consultorios privados.
Hollan aseguró que la semana pasada se solicitó una auditoría interna dentro de los hospitales, como la Clínica Nanawa, para determinar quién sigue recurriendo a esta práctica y aplicar sanciones tras una serie de denuncias.
Perlita, hija de la diputada Perla de Vázquez, había sido condenada en el 2014 a dos años de prisión por cobro indebido de honorarios, pero fue beneficiada con suspensión de pena.
En el Hospital de Lambaré recibía G. 4.600.000; en el Poder Judicial, G. 4.538.935; en la Cámara de Diputados percibía G. 6.098.400. En el IPS cobraba G. 4.983.701 y como profesional junior de Itaipú recibía cada mes G. 12.875.100. Para evitar la estadía de Perlita tras las rejas, la defensa acordó con el Ministerio Público devolver al Estado G. 400 millones, entregando G. 188 millones y cubriendo el resto en 24 cuotas de G. 7.800.000.