La iniciativa fue compartida recientemente con los principales representantes de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), quienes se interiorizaron sobre los pormenores de la propuesta que, de acuerdo con lo señalado por Ramírez, busca generar un ahorro a las familias y, a su vez, impulsar una mayor formalización y dinamización de la economía de nuestro país.
Cabe recordar que el documento plantea que todas las compras hechas en supermercados o tiendas similares, y que estén destinadas a rubros como la alimentación, el aseo personal, el mantenimiento del hogar o los medicamentos puedan ser descontadas cada fin de mes al momento de la liquidación del gravamen, lo cual en la actualidad no está permitido.
Impacto. Conforme a las explicaciones del diputado nacional, con las nuevas deducciones del IVA casi 630.000 contribuyentes que están inscriptos como personas físicas en la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) se verían beneficiados y podrían ahorrar dinero, o invertirlo en cuestiones de educación, salud o entretenimiento.
“Estos contribuyentes en promedio invierten el 20% o más de sus ingresos en las compras de alimentos y de artículos para el hogar al mes, y esa gente tiene que tener un incentivo para comprar legal, si no, va a ir nomás a comprar productos de contrabando, si no puede deducir el impuesto”, argumentó.
Asimismo, el parlamentario añadió que no se espera que la norma impacte negativamente sobre los ingresos del Fisco, sino que la expectativa incluso es aumentar la recaudación a través de la mayor formalización. “Nosotros lo que queremos es que el sistema tributario pueda funcionar correctamente”, expresó.
antecedente. Las disposiciones vigentes relacionadas a la deducibilidad en el IVA ya fueron objeto de críticas por parte de la ciudadanía y hasta de una acción de inconstitucionalidad que fue presentada por un grupo de abogados a fines del año pasado. Puntualmente, el recurso de los letrados se presentó en contra de la Ley 6380, de Modernización y Simplificación del Sistema Tributario, y del Decreto 3107 (ambos del año 2019). Por su parte, Óscar Orué, viceministro de la SET, había expresado su disconformidad con la postura de los abogados y había asegurado que defenderían “la postura técnica” desde el Fisco.
627.000
contribuyentes inscriptos como personas físicas se verían beneficiadas con la propuesta, según Ramírez.