Impuesto inmobiliario debe ser reformado para reducir asimetrías

El tema tributario pone en la mesa casi cada semana un dato que obliga a la ciudadanía y a las autoridades a tomar conciencia de los problemas que enfrenta Paraguay en el ámbito de la justicia económica. Nuestro país se ubica entre los de mayor desigualdad en la región, tanto en términos de ingresos como de la propiedad, de la tierra. El sistema tributario es el mecanismo utilizado en los países desarrollados para reducir estas brechas. El impuesto inmobiliario debe ser revisado a profundidad no solo por su efecto recaudador, sino también porque tiene la potencialidad de mejorar el comportamiento del mercado de tierras y reducir la asimétrica distribución de este importante factor de producción.

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El Ministerio de Hacienda se encuentra liderando la elaboración de una propuesta de reforma impositiva, cuyo objetivo esperemos que sea recaudar lo suficiente para financiar el desarrollo del país y, en paralelo, reducir sustancialmente los niveles de desigualdad.

La evidencia empírica muestra de manera rigurosa el impacto negativo que tiene la desigualdad en el crecimiento económico, así como en la gobernabilidad democrática. Si bien la pobreza se visualiza como un obstáculo para el desarrollo, la desigualdad es aún peor.

La política tributaria es el instrumento más poderoso para enfrentar este problema. Paraguay se ubica en el primer lugar en concentración de tierra en la región y, en algunos informes, en el mundo, por lo que es sumamente relevante implementar soluciones estructurales, aunque sus resultados se observen en el largo plazo.

Una baja tributación induce en muchos casos a acumular tierra sin producir, lo que resta eficiencia a la economía. Adicionalmente reduce la oferta de tierra en el mercado porque el costo de mantenerla improductiva es relativamente bajo. Al reducir la oferta, eleva sus precios y con ello la imposibilidad de quien quiera adquirir o alquilar para darle un uso productivo, limitando, de esta forma, la generación de empleos, el valor agregado, la contribución fiscal o la oferta de insumos necesarios para la industria o de bienes terminados para las familias como los alimentos.

En los países desarrollados, por la vía tributaria se limita el acaparamiento de tierras no solo por razones económicas, sino también políticas. Los Estados que ponen el bien común por encima de los intereses particulares implementan medidas para evitar el abuso de poder que genera la excesiva concentración de riqueza. Es la misma lógica que regula la fusión de empresas y la conformación de monopolios u oligopolios.

Finalmente, es necesario entender que la tierra es un patrimonio nacional, tal como son los cursos de agua, las montañas o los bosques. Si bien puede estar en manos privadas, el Estado debe garantizar un uso racional, ya que de ella depende la producción de bienes necesarios para la vida de las personas, para la sostenibilidad del crecimiento a largo plazo e incluso la persistencia cultural de una nación.

La vida de los pueblos indígenas, las costumbres campesinas, la gastronomía, los campos de batalla de las guerras pasadas, el acervo natural, como el pájaro campana, constituyen parte de nuestra identidad; sin considerar que Paraguay aporta al mundo la diversidad que requiere el equilibrio ecológico.

No se puede pensar en la tierra como un recurso privado solo en función del beneficio individual. Todos los países desarrollados, incluyendo los de larga tradición en el liberalismo económico, han utilizado la política tributaria para recaudar y regular el rol de la tierra como un factor estratégico para su país.

El impuesto inmobiliario debe ser reformado; eso incluye elevar el valor fiscal de las tierras hasta equipararlo progresivamente al valor de mercado. Este impuesto no solo es uno de los más justos, sino también es útil por su aporte a la eficiencia económica y a la protección de un bien estratégico para el desarrollo.

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