El diputado liberal Jorge Ávalos Mariño comentó que el texto no especificaba en qué condición existiría conflicto de intereses y podía quedar sujeto al subjetivismo de la autoridad que tiene a cargo la decisión. Indicó que se necesitaban criterios más precisos.
“Desde el Frente Parlamentario de Lucha contra la Corrupción nos comprometimos en trabajar en la modificación de la ley de declaraciones juradas, e incorporar estos datos dentro de las mismas”, manifestó.
La finalidad del proyecto es lograr la transparencia en el sector público, evitando el conflicto de interés, que se refiere a situaciones en las que interfiere el interés privado del funcionario ante el interés público, como, por ejemplo, en la contratación de una empresa proveedora ligada a una autoridad del Estado. Se pretende, por tanto, evitar la corrupción y se encomendaba para el efecto, como autoridad de aplicación, a la Contraloría General de la República.
Sin embargo, el proyecto no cumplía con estos objetivos, por lo que no llenó las expectativas.
El cartista Derlis Maidana, como presidente de Constitucionales, resaltó que el proyecto adolecía de ambigüedades en la calificación de intereses contrapuestos en las funciones, y refirió que ese punto debe ser analizado bajo óptica de Contrataciones Públicas.
En tanto que la diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González lamentó que la ley se haya construido sin criterios de técnica legislativa y resaltó la mala redacción, alegando que no valía siquiera la pena aprobar con modificaciones, porque debía volverse a elaborar desde cero.
SIN SANCIÓN. Pero el punto central de la crítica, que fue apuntado por González, fue que la ley no abordaba el conflicto de intereses como un tema de sanción penal sino como un asunto administrativo, cuando es sabido que autoridades tanto de gobernaciones, municipios como de ministerios ingresan al Estado para favorecer a sus empresas. “Creemos que este proyecto con media sanción es incompleto y descontextualizado de la verdadera esencia del conflicto de intereses; el proyecto, así como viene de la Cámara de Senadores, no cubre las expectativas”, detalló.
Además, el texto hablaba solo de multas en caso de no presentar la declaración jurada de intereses. Estas debían contener, entre otras cosas, los derechos en empresas, sociedades u otras entidades en las que posea alguna clase de participación patrimonial.
El único que abogó por la aprobación fue el diputado de Colorado Añetete Carlos Núñez Salinas, quien alegó que el proyecto tenía sustancia y que llevó mucho trabajo su elaboración, por lo que proponía que sea modificado, no rechazado, y solicitó su tratamiento en una semana.
Se aprobó el horario de verano para todo el año
La Cámara de Diputados aprobó ayer sobre tablas el proyecto de ley que establece el horario de verano como el oficial de la República del Paraguay, que fue presentado por Sebastián García, del Partido Patria Querida (PPQ).
La propuesta fue derivada a la Cámara de Senadores. De entrar en vigencia, el horario de verano se mantendrá durante todo el año.
El objetivo es el mayor aprovechamiento de la luz solar. “El horario de invierno es el que menos favorece a la ciudadanía debido a que el atardecer ocurre alrededor de las 17:00 y se torna completamente oscuro a partir de las 17:30, a partir de los últimos días del mes de mayo y hasta comienzos de agosto, cuando aún en ese horario los estudiantes de colegios públicos y privados, universitarios y trabajadores no se retiran de sus lugares de formación y trabajo”, indica el proyecto en la exposición de motivo.
García recordó que además el proyecto tuvo el visto bueno de las autoridades de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), en cuanto al ahorro de energía eléctrica.