Helicópteros: Ampliación irregular de plazo debe ser investigada

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Cuestionamientos. Contrato para reparación de helicópteros de FAP genera sospechas.

Por lo general en un contrato público se establecen plazos obligatorios y su incumplimiento genera sanciones. Eso no ocurre en la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP). Por el contrario, la institución armada antes que sancionar lo que hace es ampliar de hecho el plazo de cumplimiento del contrato y beneficia así a una empresa sobre la que pesan varios cuestionamientos.

La firma Aeropartes SA fue adjudicada para la reparación de helicópteros de la dependencia militar. El contrato es por 2.800 millones de guaraníes. Las unidades aéreas debían estar listas para el 5 de marzo del 2020. Obviamente, eso no sucedió y corresponde a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) abrir un expediente para investigar la prolongación irregular del plazo de entrega.

El referido tiempo máximo para el cumplimiento del acuerdo entre la empresa y la FAP se estableció por 90 días en el pliego de base y condiciones de la licitación. Son días calendarios que deben ser contados a partir de la recepción de la orden de servicio.

Este último documento fue expedido el 5 de diciembre del 2019. Tal como habían indicado los propios militares en una conferencia de prensa cuando salieron las primeras publicaciones periodísticas que cuestionaban varios aspectos de este contrato.

A esta altura ya han pasado 200 días de la salida de la orden de servicio. Como los componentes de los helicópteros siguen en reparación se da por descontado que es gracias a una prórroga dada en condiciones no del todo claras, para decir lo mínimo. La FAP no inició ningún trámite que se sepa para la rescisión del contrato. Obviamente menos para aplicar sanciones.

Tampoco se puede argumentar como defensa el tema de la pandemia, pues ella se declaró el 12 de marzo.


Cuestionamientos
La firma beneficiada con el contrato de la Fuerza Aérea, Aeropartes SA, soporta varias críticas que hacen dudar de su real capacidad para responder por un contrato de G. 2.800 millones. En Instituto de Previsión Social figura con un solo empleado. La Dirección Nacional de Aviación Civil no la tiene habilitada como taller, la razón del contrato con los militares, solo como vendedora de repuesto. Su movimiento financiero es intrascendente.


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