Las transferencias consolidables corrientes al sector público (más conocidas como aporte intergubernamental) están destinadas a financiar gastos corrientes o de capital, según el clasificador presupuestario (manual que utiliza el Estado para denominar los tipos de ingresos y gastos).
Los montos de transferencia al Tesoro varían cada año. Para este año, el Presupuesto General de la Nación contempla un aporte total de G. 354.829 millones (USD 62,4 millones), que debe ser transferido por nueve instituciones descentralizadas al Tesoro (ver info).
“En el caso del aporte intergubernamental, a Petropar el año antepasado no le cobramos, y el año pasado sí transfirió. Lo mismo tenemos que hacer con ANDE, hoy está pasando por un problema serio de su flujo de caja, que le imposibilita poder invertir, entonces probablemente vamos a tener que dejar ese aporte este año”, señaló en declaraciones a radio Monumental 1080 AM.
En los últimos 15 años, solamente la ANDE transfirió USD 200 millones en concepto de aporte intergubernamental. Ello, a pesar de que el año pasado cerró con pérdidas e igual aportó USD 21.244.077.
NO ESTÁ A LA VENTA. Consultado si el Gobierno planea privatizar la empresa energética estatal u otra empresa pública a través de la Ley de Asociación Público-Privada, Peña Palacios dijo que no.
“Tajantemente ha sido una política del presidente (de la República, Horacio Cartes): Las empresas públicas no están a la venta. Las empresas públicas tienen un margen enorme para mejorar en la eficiencia, que es lo que venimos haciendo con ANDE, Essap, Copaco, Fepasa”, aseguró.
El ministro dijo que es una política exigirles mayores niveles de eficiencia, pero también trabajar con ellos en darles las herramientas para que sean eficientes. Para ello, se estableció cancelar la deuda que el Estado tiene con la empresa energética en un plazo de cinco años.
Hacienda abonó por este año G. 100.000 millones (USD 17,6 millones) como parte de pago.Además, se determinó que todas las instituciones estatales deberán saldar mensualmente la deuda por servicios básicos, para poder recibir recursos.