José Luis Heisecke, presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), espera que el Congreso Nacional apruebe el paquete de leyes, para evitar más deudas al sector.
CONDICIONES. El desembolso de USD 150 millones pendientes por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) exige la aprobación de un paquete de leyes especiales. Las mismas están relacionadas con la consolidación del marco macrofiscal, el fortalecimiento de la política y la gestión tributaria, y por último, el mejoramiento de la gestión del gasto público.
En ese marco, el Senado trata hoy tres leyes vinculadas al mejoramiento de políticas públicas y del control del dinero empleado por Hacienda, siendo una de ellas la ley “administración de pasivos” o de bicicleteo de deudas, ya con media sanción; una segunda, la “ley de transparencia fiscal”, relacionada al levantamiento del secreto bancario con fines tributarios; y una tercera, la ley que aprueba la suscripción a la Convención Multilateral de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (CAM), que permite el intercambio de datos tributarios entre países.
Del crédito programático del BID, aprobado en 2019 y de un total de USD 300 millones, ya se emplearon USD 150 millones, destinados a la cartera de obras. Para aprobar el desembolso pendiente, la entidad financiera puso como requisito la aprobación del citado paquete de leyes “alineadas con buenas prácticas internacionales”, según consta en el contrato de préstamo 4.667/OC-PR suscrito entre el Gobierno paraguayo y el BID, el pasado 5 de abril de 2019.
PREOCUPACIÓN. Heisecke, titular de Capaco, indicó que los gremios de la construcción y las vialeras urgen al Estado cancelar la deuda pendiente con el sector. De no hacerlo en noviembre, 40 a 50 mil obreros quedarían sin trabajo. “Hay firmas que no cobran desde hace seis meses, y que a su vez, acumulan deudas con proveedores y bancos”, dijo Heisecke. Detalló que las deudas acumuladas por el Ministerio de Obras con las constructoras a setiembre ascendían a USD 140 millones y a fines de octubre serán de USD 160 millones, situación que afecta a unas 100 empresas de Capaco y la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), especialmente a las firmas más pequeñas.