A través de la resolución 1.412, de 59 páginas, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) resolvió ayer anular la adjudicación de las obras de rehabilitación y pavimentación de la ruta Alberdi-Pilar, debido a inconsistencias por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en el proceso de evaluación de las ofertas.
La disposición se dio a raíz de una protesta presentada por el Consorcio Constructora Asunción y Asociados, integrado por EDB Construcciones y Constructora Asunción SA, perteneciente a Enrique Díaz Benza, ex suegro del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
De esta forma, la DNCP abolió la adjudicación al Consorcio CTT (Talavera y Ortellado SA y Tecnoedil SA) por G. 377.187 millones (USD 61,2 millones), que presentó la oferta más barata de la licitación.
Asimismo, la DNCP ordenó al MOPC que retrotraiga la licitación al proceso de la evaluación de las ofertas. Ahora todo apunta a que la obra se otorgará a EDB, luego de las denuncias de supuestas presiones. Mientras tanto, las obras correspondientes al desvío Alberdi-río Tebicuary (51,56 km) y travesía urbana a Villa Franca (2,297 km), seguirán esperando.
Según el escrito de la protesta que presentó EDB a Contrataciones Públicas, el consorcio CTT incurrió en cuatro incumplimientos que, a criterio de la protestante, debieron ser causales de descalificación.
Entre los principales alegó que Tocsa, siendo líder del consorcio, debía tener una obra ejecutada por G. 145.000 millones, pero presentó un certificado de una obra de la EBY en el que alcanza solamente G. 143.000 millones. También cuestionaron el perfil de profesionales que presentó CTT y la experiencia en puentes de envergadura.
Segunda anulación. Recordemos que Contrataciones Públicas ya había anulado en diciembre del 2017 otra polémica adjudicación para este mismo tramo, por lo que el MOPC nuevamente realizó otra licitación. Esto también se dio después de una impugnación que fue presentada por el Consorcio Ypoá, integrado por las compañías paraguayas Construpar SA y Constructora Heisecke SA y la uruguaya Ramón C. Álvarez SA, grupo que denunció una intromisión irregular de Fonplata en el proceso licitatorio. En cuanto al lote 2, pudo ser adjudicado por el Gobierno anterior a las firmas locales Ecomipa y Tocsa por G. 325.500 millones.