“La muerte de niños, niñas y adolescentes por acción directa del Estado no tiene justificación alguna en un estado de derecho; el uso de la fuerza debe ser proporcional, necesario y racional. Todas aquellas personas, y especialmente los menores de edad, que se encuentren en situación de reclutamiento forzoso por parte de grupos armados no estatales deben ser protegidos y sus derechos restituidos”, expresa el texto.
Solicitaron que el caso sea investigado por la Fiscalía. “El Frente insta al Ministerio Público a la apertura de una investigación penal, en la cual se extremen los esfuerzos para esclarecer los hechos de manera objetiva”, resalta el comunicado.
Igualmente, aboga por mejores condiciones para el desarrollo de la niñez y la adolescencia. “Los niños, las niñas y adolescentes deben crecer en condiciones seguras a ser brindadas por su familia, la sociedad y el Estado, esa triada de protección, en el caso que nos ocupa, ha fallado. Sus familias han decidido exponerlos, lo cual resulta repudiable en todo sentido; sin embargo, ello no habilita al Estado a acabar con sus vidas y además sepultarlas sin siquiera tener la identidad de estas”, reclaman.
Los firmantes fueron los diputados del Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González y Norma Camacho; del Partido Patria Querida (PPQ), Sebastián García, Sebastián Villarejo y Rocío Vallejo; del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Carlos Silva, Pastor Vera, Hugo Capurro, Édgar Ortiz, Édgar Acosta, Fernando Oreggioni y Enrique Mineur; el colorado Ángel Paniagua y el independiente Jorge Brítez.
EL CASO. Dos adolescentes fallecieron el miércoles pasado durante dos enfrentamientos entre la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en la estancia Paraíso, ubicada en Yby Yaú, Departamento de Concepción.
Genoveva Oviedo Brítez, hermana de Alcides Oviedo, uno de los líderes del EPP, aseguró que las fallecidas son hijas de los miembros del grupo criminal y que han sido ejecutadas y vestidas con las ropas camufladas por miembros de la FTC. También indicó que sus edades rondan los 11 y 12 años.
Pero autoridades del Gobierno afirman que las fuerzas de seguridad reaccionaron a los disparos de los miembros del EPP y que luego de la balacera pudieron notar que las víctimas fatales eran menores de edad. Afirman que tienen entre 15 y 18 años.
“Fueron los propios padres de las niñas los que les pusieron en ese lugar, les entregaron armas, les pusieron uniformes y les colocaron en un punto de vigía, para confrontarse con las fuerzas de seguridad”, expresó el ministro de Asuntos Internacionales, Federico González Franco.
Varios organismos —como el Frente Guasu— también se pronunciaron en contra del operativo.
Cuestionaron el supuesto incumplimiento de las legislaciones vigentes, como el uso de fuerzas armadas para seguridad interna, la falta de protocolo del uso de la fuerza, el incumplimiento de estándares internacionales de protección de niños, carencia de transparencia en el manejo de la información pública, entre otras.
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