A lo largo de estas décadas, el sector público ha demostrado una asombrosa “creatividad” para ocultar, bajo nombres insólitos, los pagos extras a sus funcionarios, con nociones falaces que serían inadmisibles en la actividad privada. Un ejemplo claro y abusivo de esto es el componente salarial de “presentismo”, que se otorga a los funcionarios por el solo hecho de… presentarse a trabajar. Si esto se considera un incentivo para el cumplimiento laboral, es lógico que el mejor incentivo sería descontar los días u horas no trabajados, como se hace en las empresas sujetas al Código Laboral.
El sector público también está plagado de otros vicios que contribuyen al despilfarro del dinero que los ciudadanos aportan con sus impuestos. Entre ellos, la contratación irresponsable de funcionarios sin el debido concurso; la asignación de salarios arbitrarios sin relación con la capacidad; sobresueldos y bonificaciones desmesuradas, mediante contratos colectivos no regulados; contrataciones por “recomendación” o promesas políticas.
La Secretaría de la Función Pública cifra en alrededor de 300 mil el número de funcionarios, tanto del gobierno central como de los entes descentralizados como municipios y gobernaciones, con algo más del 50% de mujeres en dichos cargos. La experiencia ciudadana al acudir a las reparticiones públicas es la de ver a numerosos funcionarios que no cumplen tareas visibles y se desplazan por los pasillos ofreciendo “colaboración” para acelerar alguna gestión ciudadana a cambio de una “propina”.
Otro rubro en el que los gastos alcanzan niveles estratosféricos es el de las compras públicas, que en teoría están regulados por concursos de precios y licitaciones. El control que debe ejercer la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas es limitado, si no ausente. Es aquí donde se inserta la corrupción privada, a través de empresas que negocian bajo cuerda con altos funcionarios. Los incrementos de precios, por lo general, están destinados a esos funcionarios, que a la vez hacen la vista gorda a incumplimientos contractuales.
Desde luego, el despilfarro alcanza no solo a las dependencias del Poder Ejecutivo, sino al Legislativo y Judicial. Sonados escándalos de funcionarios “fantasma” en el Legislativo, que sólo aparecen para cobrar sus salarios, además de parlamentarios que contratan a “niñeras” y “caseros de oro”, a expensas de los contribuyentes.
La suma de estas y otras irregularidades motivan la indignación ciudadana y arriesgan una rebelión ciudadana como las acontecidas en Chile, Perú, Ecuador y Colombia, que estallaron en las calles en confrontación con las clases políticas que no prestaron atención al hartazgo social. Desde luego, es encomiable la iniciativa de personas nucleadas en “comisiones escrache” que representan la indignación ciudadana para exponer a quienes manchan la dignidad de sus cargos.