Es lo que se esperaría de una institución que ejerce la regulación administrativa del régimen del trabajo, empleo, y seguridad social; fiscaliza el cumplimiento de la normativa laboral y promueve la equidad para garantizar a la población condiciones de trabajo decente y empleo digno. Es la institución a la que con total confianza acudirían tanto trabajadores como empleadores para dirimir sobre la aplicación de los derechos laborales.
Sin embargo, el edificio que ocupa este Ministerio con tan nobles funciones es pequeño, poco funcional, muy poco amigable y, tal como está, transmite el escaso valor que los sucesivos gobiernos han otorgado a un asunto tan relevante para la realización del ser humano como es el trabajo. Pese a haberse independizado en 2013, separándose del entonces llamado Ministerio de Justicia y Trabajo, de nada memorable trayectoria, y convertirse en lo que hoy conocemos como Ministerio de trabajo, Empleo y Seguridad Social, la percepción que se tiene de la institución es que no ha cambiado.
No logra sacudirse de la mala fama que se ganó con sus inspectores coimeros, la partidización del funcionariado, la escasa capacidad de respuesta y actuación y las “tranzadas” con las patronales que minaron profundamente su credibilidad. Se esperaba verla convertirse en una institución con técnicos y especialistas en seguridad social y derecho laboral, eficiente a la hora de velar por el cumplimiento de las leyes, la promoción del trabajo decente y la organización de los trabajadores.
En este tiempo de pandemia, en las redes sociales leímos sobre la lucha de microempresarios intentando salvar los puestos laborales de sus colaboradores y de grandes empresas adoptando medidas para evitar despidos. Pero también la persistencia de un sistema laboral frágil y de un empresariado deshumanizado descriptos crudamente por numerosos trabajadores que han sido víctimas de explotación, desde siempre, desde antes de la pandemia. Ante la avalancha de denuncias, la Dirección de Fiscalizaciones del Ministerio del Trabajo visitó algunos sitios laborales para concluir horas después que en realidad no hallaron irregularidades. Que los trabajadores de esas empresas no expresaron inquietud alguna.
¡Qué gran trabajo de fiscalización! Con semejante actuación, cómo no sentirse desamparados como trabajadores en un país donde sindicalizarse es un acto sacrílego y amplios sectores del empresariado cuestionan que se haya ampliado el plazo de permiso por maternidad y lactancia y declararon públicamente que por esta razón dejarían de contratar a mujeres. Y donde los sucesivos gobiernos no se han empeñado en diseñar políticas de Estado de empleo.
Si el Ministerio del Trabajo tuviera interés en conocer lo que ocurre en diversos sectores laborales, podría habilitar varias líneas para que los trabajadores denuncien sin temor y no sufran repercusiones por defender sus derechos. También preparar materiales educativos sobre los derechos del trabajador y del empleador, en todos los formatos, y ponerlos a disposición en lugares públicos. Cuanto más ignorantes los ciudadanos, más se pisotean sus derechos. El trabajo decente es mucho más que un ingreso digno, seguridad y protección social para las familias. Es libertad para que la gente exprese sus opiniones, es organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas, “e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y los hombres” (OIT).
Falta mucho para que en el Paraguay se asuma esto como un derecho, y al Ministerio le consta.