José Osorio (31) fue la décima víctima fatal del motín y decapitación de presos perpetrado por criminales del Primer Comando Capital (PCC) en la Penitenciaría Regional de San Pedro, el domingo de siesta último. Todos los asesinados eran miembros del clan Rotela. Otros catorce internos quedaron heridos.
El médico de guardia del Hospital de Trauma, doctor Germán Torres, reportó que el recluso no soportó la herida de arma blanca que le infligieron en el tórax, lado izquierdo. El hospital de referencia recibió a cinco reclusos heridos y Osorio era quien se encontraba más grave.
Otras nueve víctimas tuvo el motín el domingo; a cinco internos les cortaron vivos sus cabezas, a otro le cercenaron el cuello, dos perecieron quemados, a otro le clavaron y a uno más con un disparo de escopeta casera (ver infografía). En la víspera, todos los cuerpos fueron sometidos a la autopsia en la Morgue Judicial, a cargo del doctor Pablo Lemir, y luego algunos fueron entregados a familiares.
También en la víspera, desde el Ministerio de Justicia, siendo vocero el propio ministro Julio Ríos, anunciaron los cambios tras la masacre: del director de Institutos Penales, Blas Martínez, a quien sucede Víctor Ramón Servián Ríos; y del director de la Penitenciaría Regional, Wilfrido Quintana, por Ricardo Núñez Duarte.
Con el estallido se descubrió que aparentemente Quintana tenía un negocio particular detrás del recinto penitenciario, una supuesta granja penitenciaria donde vivían cuatro reclusos condenados y no habilitada por el Ministerio. El Ministerio Público indagará al ex director, porque en la granja se encontró de todo: armas blancas, uniformes de policías y todas las comodidades. La Fiscalía no descarta investigarlo por frustración de la prosecución penal u otros delitos.
En el sitio vivían los “internos” Víctor Brítez Aranda y Ángel Tranquilino Giménez, condenados por narcotráfico, además de Juan Ramón Benítez, por homicidio doloso, y Gustavo Ramón Paredes, con condena por lesión grave.
El Ministerio de Justicia trasladó a cuatro presuntos soldados del PCC a la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, como medida de urgencia. Estos serían parte de la banda que desató el terror dentro del penal.
Fuentes cercanas al Ministerio de Justicia indican que el clan Rotela domina las cárceles del país, con unos 800 hombres. Sin embargo, el PCC va tomando preponderancia con unos 400 soldados, más de la mitad de ellos paraguayos reclutados por los brasileños para trabajar en el tráfico de drogas y sicariato.
Este escenario se da cuando el sistema penitenciario alberga a más de 16 mil internos, de los cuales unos 11 mil no tienen lugar, custodiados por 1.400 guardias; más del 70 por ciento de la población carcelaria está sin condena.
Tres años de uso y no lo sabía
Una granja no habilitada fue hallada detrás de la Penitenciaría, donde se encontraban viviendo cuatro condenados, en total libertad y sin siquiera custodios, según denunció en conferencia de prensa el ministro de Justicia, Julio José Ríos.
“Se pudo constatar la existencia de una supuesta granja. Son penitenciarías de semilibertad permitidas por la ley de ejecución; mas esta ‘granja‘ no estaba habilitada por el Ministerio de Justicia”, explicó, al remarcar que desconocía su existencia.
La chacra penitenciaria funciona al menos desde el 2013, pero la edificación data del 2016, cuando comenzaron a vivir allí los internos. Uno de los reclusos estaba por orden del juez Néstor Ramón Arévalos. Ríos anunció que preparan una denuncia sobre estas irregularidades para la Fiscalía.
Por otro lado, el senador Enrique Bacchetta, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, anunció que solicitarán los antecedentes del juez Néstor Arévalos, a raíz de la citada resolución judicial. La pesquisa no descarta que por la granja metieron armas al penal.