La Contraloría General de la República (CGR) se encuentra culminando su dictamen sobre el llamado para la explotación de apuestas deportivas en el país, con carácter de exclusividad, llevado adelante por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por Javier Balbuena. El documento verá la luz la próxima semana, cuando el contralor Enrique García retorne de sus vacaciones y lo firme.
Fuentes del órgano contralor adelantaron a ÚH que se constataron irregularidades en el proceso y que se incumplió el principio de legalidad del Derecho Administrativo, por lo que la recomendación será detener el llamado y solicitar el inicio de uno nuevo, previa corrección del pliego de bases y condiciones, para garantizar la igualdad de competencia.
La CGR había empezado la auditoría al proceso licitatorio luego de que tres empresas hayan denunciado sendas irregularidades en el concurso, especialmente, tras las adendas realizadas al pliego. Una de ellas había sido la exigencia de contar con un patrimonio de G. 15.000 millones, como un fondo para los premios.
Este requisito era prácticamente imposible de cumplir por las firmas y solamente la empresa Daruma Sam SA (que terminó siendo adjudicada) cumplía con la obligación. Por tal motivo, en un primer momento las compañías denunciantes aseguraron que la licitación estaba direccionada.
Otro punto irregular tiene que ver con la presunción que hace la Conajzar para adecuar la explotación de las apuestas a una ley que todavía está en fase de proyecto. Desde la Contraloría aseveraron que se debe cumplir la ley vigente (aunque Conajzar tiene su propia legislación) y no poner un condicionamiento sobre una normativa que no se sabe si se aprobará.
Daruma Sam ya fue adjudicada por la Conajzar, pese a las objeciones de la CGR. Sin embargo, como todavía no se firmó el contrato (falta el decreto presidencial), la licitación aún puede ser cancelada.
ANTECEDENTES. Un total de 18 empresas mostraron interés en concursar por las apuestas deportivas y solo dos terminaron presentándose: Daruma Sam y Jockey Club del Paraguay.
Cuando las empresas denunciaron las irregularidades ante la Contraloría, esta recomendó suspender el proceso hasta que emita un dictamen sobre el caso. No obstante, la Conajzar hizo la apertura de sobres y casi un mes después adjudicó la concesión a Daruma Sam, tras descalificar a Jockey Club.
El contralor Enrique García lamentó que nuevamente una institución estatal no haya respetado las atribuciones de la CGR y recalcó que las recomendaciones y dictámenes son de cumplimiento obligatorio.
Negocio millonario y conexiones
La ganadora Daruma Sam SA ofreció un canon del 21% sobre el win (ingreso menos premios). Fuentes del sector señalaron que la recaudación que obtendría la empresa ascendería a USD 2 millones por mes.
Conajzar afirmó que los ingresos en concepto de canon fiscal aumentarían en gran magnitud en el 2018. Como ejemplo, indicó que, en setiembre del 2017, el Estado recaudó G. 713 millones y con este nuevo canon la cifra subirá a G. 3.744 millones.
En su momento, denunciantes mencionaron que la compañía tendría conexiones con el político Javier Zacarías Irún. Su hermano Justo Zacarías Irún forma parte del consejo de la Conajzar, organismo que terminó descalificando a Jockey Club.
Manuel Lugo figura como el presidente de la firma.