La investigación que lleva adelante el Ministerio Público sobre la gran cantidad de propiedades que posee el ex senador Óscar González Daher (OGD) y su misteriosa empresa Príncipe di Savoia, son elementos que en el 2010 ya tuvo en sus manos el entonces agente fiscal Arnaldo Giuzzio, a partir de la investigación de ÚH y Telefuturo sobre las numerosas propiedades del ex legislador que evadían impuesto inmobiliario en Luque.
En ese tiempo, el temido político luqueño también fue objeto de escraches ciudadanos frente a su casa y en actos públicos donde se presentaba como titular del Congreso, pero el fuerte manto protector de la clase política y las instituciones de justicia que dominaba OGD lograron blanquearlo y darle una vez más impunidad.
Es importante recordar que en aquella época, el Partido Colorado en la llanura había superado sus diferencias y cerrado filas para pactar con el oficialismo conformado por la entonces Alianza Patriótica para el Cambio (APC), compuesto por la izquierda luguista y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), con lo que lograron erigir a OGD como presidente del Senado.
Investigación. El número de propiedades identificadas por la investigación periodística y entregadas a la Fiscalía en esa época fue de 65, y las actualmente investigadas luego de ocho años llegan a 92, según datos fiscales y de la propia defensa del ex senador.
La misteriosa empresa Príncipe di Savoia también había sido identificada por ÚH y Telefuturo como una sociedad anónima cuyos socios eran OGD, sus hijos y el entonces juez Juvencio Torres, quien tres años más tarde perdió su calidad de magistrado por problemas con González Daher.
El juez también está en la mira de la Fiscalía en la actualidad como parte de este esquema ya revelado en el 2010, año en que Torres pretendió negar a ÚH y Telefuturo su vínculo con OGD, pero terminó confesando ante los datos contundentes que tenía la investigación periodística.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) señala el monto de G. 8 billones que la Fiscalía indaga si provienen de la usura que aparentemente ejercía el ex legislador para quedarse con semejante cantidad de viviendas, las mismas que evadían impuestos inmobiliarios a partir de la adulteración de datos en el sistema informático de la Comuna luqueña.
González Daher pagó unos G. 85 millones en ese tiempo por dicha evasión y logró su blanqueo con Giuzzio, pero otro es el escenario que enfrenta el hasta hace poco intocable político, hoy preso por lo mismos delitos identificados años atrás.