Tras la caída de la dictadura, los convencionales elaboraron una Constitución donde predominan garantías y derechos, porque eran los más pisoteados durante la larga vigencia del régimen. Entre ellos están el derecho a la intimidad, a la inviolabilidad del patrimonio documental y a la comunicación privada.
Ahora, estos derechos están en peligro por la amenaza que tenemos de un estado policial, donde ven delincuentes en todos lados, por las mafias, las drogas que circulan por el país. Las fuerzas de seguridad dicen que hay peligro en todo y en cualquier persona, por lo que se pueden violar derechos con la excusa de la guerra contra la delincuencia, que hace rato la están perdiendo.
La denuncia de un abogado de que, con orden judicial, intervinieron su teléfono y escucharon las conversaciones que tenía con su defendido, es bastante grave, porque viola el principio de confidencialidad. El Colegio de Abogados se tomó semanas para estudiar bien la cuestión, y las evidencias presentadas por el profesional antes de sentar una postura.
Es así que el gremio presentó pedidos de investigación ante la Corte, la Fiscalía y el Ministerio del Interior, para que se revisen las actuaciones de la jueza que ordenó las escuchas, el fiscal que las pidió y la policía que ejecutó. También envió notas a las federaciones de abogados de la región que los respaldaron.
No obstante, la respuesta de la Corte fue rápida, en contraste con el tiempo que se tomaron los abogados. En pocas horas, el Máximo Tribunal señaló que, cuando ordenaron las escuchas telefónicas, no se conocía que se trataba del abogado del procesado. Además, que las actuaciones no eran irregulares y que había acordadas que regulaban ese tipo de diligencias.
Lo que no explicó la Corte es cómo tomaron esa decisión, y, principalmente, si las acordadas están por encima de la Constitución.
Es que el argumento del fiscal para el pedido de las escuchas es paupérrimo. Según los documentos arrimados por el abogado, el fiscal cita una conversación del procesado, cuya línea estaba intervenida, con una persona, con el alias de “primo”. Dice que habló de la audiencia del 242 y que no había mucho que hacer. Es más, cuando el procesado pide quedarse en su lugar de reclusión, el otro contesta que esa era la idea.
El fiscal alega que los números estarían “siendo usados por miembros de la organización o por personas cercanas a los mismos quienes a través de su interceptación podrían aportar datos sobre las nuevas actividades ilegales realizadas…” Esto motivó el pedido de intervención telefónica del fiscal a la jueza, y así comenzó la escucha al profesional.
Si se analiza la conversación, tenemos que la audiencia de imposición de medidas, se la llama de 242, conocida por el fiscal, y se habla de mantenerse en su lugar de reclusión. Lo peor es que dicen que no sabían que era el abogado. Consulto, ¿no podían preguntar a la firma telefónica a nombre de quién estaba la línea?
Con el argumento de no saber de quién se trata, un periodista que llama al teléfono intervenido para una entrevista, podría ser calificado como cómplice y su línea ser intervenida. Total, luego se alega desconocimiento y una “interpretación” de lo que se dijo. La cuestión es grave porque a cualquiera le puede pasar. Todos estamos expuestos a esta vulneración de nuestros derechos.
La excusa de que las escuchas son la única forma de hacer caer a delincuentes, porque así opera el crimen organizado, para justificar cualquier cosa, es inaceptable. Prácticamente sos cómplice si es que no estás de acuerdo con estos métodos. La Constitución está por encima de todas las leyes.
En España, recién tras una investigación previa para saber quién es la persona, si tiene cuentas sospechosas, entre otras cosas, se puede pedir la intervención telefónica, no por una simple llamada. Dirán que el procedimiento que se hizo está bien, que no hubo irregularidades, pero esto huele a carne podrida.